“El problema está resuelto, que entren los juristas”
Muchos consideran que si bien es legítimo negociar con actores políticos, con los criminales solo se debería contemplar un sometimiento a la justicia. Pero, ¿cuáles son la finalidad y el alcance de esa negociación?
La posibilidad de lograr acuerdos con los diferentes actores armados ilegales en el marco de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro sigue generando polémicas y discusiones.
La discusión gira básicamente alrededor de dos variables: la naturaleza de los actores armados, por un lado, y la naturaleza o el tipo de negociación que se puede o se debe adelantar, por el otro. Para ponerlo de manera simplista, muchos opinan que de la naturaleza del actor armado depende la naturaleza de la negociación. De allí que muchos consideran que si bien es legítimo negociar la paz con actores políticos, con los criminales solo se debería contemplar un sometimiento a la justicia.
¿Naturaleza del grupo armado o de la negociación?
Por legítimos y válidos que sean estos postulados, el problema es que esas caracterizaciones sufren de cierta maleabilidad que permite unas interpretaciones diferentes según los criterios de análisis, lo que dificulta llegar a una respuesta clara y contundente.
Usted tiene que saber con quién está hablando, por supuesto, pero determinar la naturaleza política o no de un grupo armado no es siempre evidente. Uno suele analizar su trayectoria, sus prácticas, más allá de reivindicaciones, discursos, objetivos declarados. Todos han cometido violaciones a los derechos humanos, todos siguen involucrados en actividades criminales. ¿Qué son fundamentalmente? ¿Actores armados con reivindicaciones políticas que cayeron en la criminalidad o actores criminales armados que desarrollaron un discurso político de conveniencia? Responder a esa pregunta es ni más ni menos que distinguir entre el fin y los medios de esas organizaciones.
Aunque sería muy útil poder caracterizar y diferenciar con certeza las motivaciones genuinas de las organizaciones armadas, discernir las verdaderas motivaciones de lo que anuncian de manera conveniente, depende también de quién hace el análisis, del momento en que se hace el análisis y para qué se hace tal análisis.
El diagnóstico depende tanto de criterios objetivos, como también –y casi inevitablemente– de consideraciones políticas y morales. Por ejemplo, ¿qué tan diferentes son realmente las motivaciones del Eln hoy en día, de las motivaciones de las disidencias de las Farc, hasta el punto de justificar que se negocie la paz con uno y que se pida el sometimiento del otro?
Entiendo los argumentos de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle de que Iván Márquez ya tuvo su oportunidad, por lo que renegociar los acuerdos de La Habana con ese grupo sería premiar a los que incumplieron. Puede ser, pero ese criterio no les quita automáticamente cualquier motivación o carácter políticos a ese grupo armado. Que no confíen en él es otro problema, pero no tiene tanto que ver con la naturaleza política o no de sus reivindicaciones. Uno puede desconfiar de un actor político, de la misma manera que puede confiar en la palabra de un actor criminal. Es decir, no es necesariamente por el hecho de ser político que se debe confiar, ni por el hecho de ser criminal que se debe desconfiar. Se requiere de la virtud en política, decía Montesquieu en El espíritu de las leyes. ¿Solo deberíamos negociar con actores sinceros o virtuosos? Para Montesquieu, la virtud política ya era un paraíso perdido.
El segundo criterio –la naturaleza de la negociación– es igualmente debatible. Asumir que no se puede adelantar una negociación con actores criminales, sino solamente someterlos a la justicia, es también algo problemático. Primero, porque existen varios ejemplos de negociaciones con grupos mafiosos y/o criminales en el mundo. Segundo, porque Colombia ya experimentó varios procesos de sometimiento a la justicia de grupos criminales, sin acabar con el problema de manera estructural. Por lo tanto, si lo que está pensando hacer el nuevo gobierno con los grupos criminales no es diferentes de lo que se hizo en el pasado, ¿podemos realmente esperar que el resultado sea diferente?
Cualquier proceso de negociación, sometimiento o acogimiento a la justicia pasa por incentivos y garantías. Pero si queremos evitar que la violencia se recicle, los incentivos para que los actores armados desistan de usar la violencia no pueden consistir en premios vergonzosos ni convertirse en regalos perversos y las garantías deben contemplar garantías de no repetición, o sea introducir cambios de fondo más allá de simples garantías jurídicas.
De allí que la cuestión no es tanto si la negociación debe ser política o jurídica, dependiendo de si sus interlocutores son políticos o criminales. No depende fundamentalmente de la naturaleza del actor armado ni de la naturaleza de la negociación, sino de su finalidad y de su alcance: ¿Cuál es el objetivo de la negociación? ¿Qué se quiere negociar? ¿Y para qué? ¿Se busca resolver los problemas de fondo derivados de las causas del conflicto, lo que implica no solamente acabar con las economías ilegales, sino transformar el acceso a las riquezas para que miles de campesinos no sientan la necesidad de recurrir a actividades ilegales ante la falta de alternativas viables? ¿O se trata más bien y “simplemente” de negociar algunas transacciones y pactar unos arreglos mutuos sin cambios estructurales?
Transaccional vs. transformacional
Uno puedo negociar de manera transaccional con actores políticos sin que esas transacciones cambien el sistema o el modelo económico, político, judicial. Ahora bien, de la misma manera que una negociación política no es necesariamente transformacional, una negociación jurídica con grupos criminales puede ir más allá de lo transaccional e introducir unas transformaciones en el sistema judicial y económico que ayuden a desmantelar las economías y la cultura de la ilegalidad.
El expresidente francés François Mitterrand solía decir lo siguiente: “la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la derecha ve en el derecho una manera de mantener el orden, mientras la izquierda lo concibe como una herramienta para transformar la sociedad”. El riesgo de limitarse a unas negociaciones transaccionales –que sea con actores armados con motivaciones políticas o con actores meramente criminales– es que no se logre la paz total, o que la paz total sea solo una paz mafiosa.
No se trata de minimizar las diferencias en la naturaleza y motivaciones que pueden existir entre los diferentes grupos armados. Pero si queremos que las cosas cambien y no se repitan, los problemas deberían primero resolverse políticamente, y segundo, arreglarse jurídicamente. “El problema está resuelto. ¡Que entren los juristas!”, solía decir Georges Clemenceau. *Codirector de la Red CORAL (Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina).
‘‘Si queremos que las cosas cambien y no se repitan, los problemas deberían primero resolverse políticamente, y segundo, arreglarse jurídicamente”.