Treinta años exigiendo justicia para la UP
1985
Nace la Unión Patriótica, producto de diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc.
1986
La Unión Patriótica participa por primera vez de unas elecciones, erigiéndose como la tercera fuerza política. Tras la llegada de Virgilio Barco a la
Presidencia, se enfrían las negociaciones con las Farc. Asesinan a los primeros congresistas de la UP: Leonardo Posada Pedraza, Octavio Vargas Cuéllar y Pedro Nel Jiménez Obando.
1987
Asesinan al primer candidato presidencial de la UP: Jaime Pardo Leal.
1988
La Unión Patriótica participa por primera vez en elecciones de alcaldes y gobernadores, y logra elegir a 16 alcaldes.
1990
Asesinan a un segundo candidato presidencial de la UP: Bernardo Jaramillo Ossa.
1993
Víctimas de la UP, agrupadas en la corporación Reiniciar, acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
1997
La CIDH admite el caso contra Colombia por el exterminio de la UP.
1999
El Estado colombiano intenta llegar a una solución amistosa con las víctimas de la UP. Con mediación de la CIDH se crea una comisión que le sugiere una serie de medidas de investigación y reparación a Colombia.
2005
La familia del difunto senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, entre ellos su hijo, el senador Iván Cepeda, se retiran de la negociación y solicitan a la CIDH que resuelva su caso aparte.
2006
En los primeros meses del segundo gobierno de Álvaro Uribe se cae la negociación entre el Estado colombiano y las víctimas de la UP, quienes se retiran de la solución amistosa. 2008
La CIDH emite un informe de fondo sobre el caso de Manuel Cepeda Vargas y, al cabo de unos meses, al ver que sus
recomendaciones no se cumplieron, remite el caso a la CorteIDH.
2010
La CorteIDH condena a Colombia por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
2017
El Estado colombiano reconoció su responsabilidad general por el incumplimiento del deber de protección a las personas pertenecientes y militantes de la Unión Patriótica. Pero aclaró que los términos de este caso seguían pendientes.
La CIDH emite informe de fondo sobre 6.528 víctimas de distintas violaciones de derechos.
2018
El Estado colombiano y luego la CIDH piden a la CorteIDH resolver el caso.
2021
La CorteIDH cita a audiencias públicas, donde Colombia reconoce su responsabilidad, pero por poco más de 200 víctimas.
Los jueces deliberan y llegan a un acuerdo, pero tres de ellos terminan su período ese año.
2022
Los jueces que terminaron su período y habían deliberado el caso escriben la sentencia junto a sus colegas.
2023
La CorteIDH notifica la sentencia que condena al Estado colombiano por más de 6.000 víctimas de distintas violencias que ocurrieron por pertenecer a la Unión Patriótica.