Polémica por el mecanismo para elegir al rector de la Unal
Aunque la ley no estipula un mecanismo específico para la designación del rector, miembros de la comunidad educativa tienen serios reparos con el usado y piden un método más democrático.
Este jueves, en medio de una jornada tensionante y atípica, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional —organismo máximo de dirección y gobierno del plantel— llevó a cabo la votación para designar al nuevo rector. José Ismael Peña, quien era vicerrector de la institución en la sede de Bogotá, fue designado para ocupar el cargo de 2024 a 2027.
La noticia no fue bien recibida por parte de la comunidad educativa, que tenía la esperanza de que se respetara la decisión reflejada en los resultados de la consulta, en la cual Leopoldo Múnera, docente en Ciencia Política de la Universidad Nacional, obtuvo el primer lugar. Ante la decisión del CSU, el movimiento estudiantil de Bogotá se declaró en paro indefinido.
No es la primera vez que el CSU no acata los resultados de la consulta a la comunidad académica, como recuerda Mónica Godoy, antropóloga y maestra en estudios de género de la Nacional. Por ejemplo, en 2021, cuando Dolly Montoya fue reelegida, había sido superada por el voto en blanco.
Con la reciente decisión, cuenta Laura Quevedo, estudiante de la maestría de Medio Ambiente y Desarrollo y exrepresentante estudiantil ante el CSU, se activó la indignación de la comunidad académica.
También, señala, se revive la idea de que se lleve a cabo una transformación del modelo actual con el que se designa al rector y se piense en uno que incluya a la comunidad universitaria. “Al fin y al cabo, somos nosotros los que vivimos la universidad todos los días y que no se permita una participación vinculante es no dar un escenario de garantías”, argumenta.
Para entender mejor en qué se centra el debate sobre el modelo de designación del rector, es importante conocer cómo se elige a la persona que ocupará la rectoría.
Después de que son avalados los candidatos al cargo, se lleva a cabo una consulta a la comunidad académica. Aunque estos resultados no son vinculantes, el índice de opinión sirve para depurar los aspirantes. Los cinco primeros en la votación son los que continúan en la contienda.
Luego, los integrantes del CSU escogen al próximo rector entre esos cinco aspirantes. Hoy este grupo está conformado por la ministra de Educación, Aurora Vergara; dos miembros de la universidad designados por el presidente (ambas estudiantes de la institución); una persona designada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) (Humberto Rosanía); un exrector de la institución (Ignacio Mantilla); un integrante designado por el Consejo Académico (Verónica Botero, decana de la facultad de Minas); un representante elegido por los profesores (Diego Torres, de la Facultad de Ciencias), y otro elegido por los estudiantes (Sara Jiménez). También está la actual rectora, Dolly Montoya, que tiene voz, pero no voto.
Uno de los problemas de este consejo, según Santiago Roldán, politólogo y especialista de Políticas Públicas de la Nacional, es que “el mecanismo de cómo se elige es una muestra de que en las universidades no reina la democracia universitaria”. Esto, dice, se debe a que de los nueve integrantes del consejo solo dos son escogidos de manera democrática: el representante de docentes y el de estudiantes.
En esta oportunidad, asegura Jennifer Pedraza, congresista y exrepresentante de estudiantes ante el consejo del plantel, la forma de votación empleada fue basada en la teoría de juegos. “Eso se da a entender en las publicaciones de Sara Jiménez, representante a los estudiantes”, dice y añade que pasó lo mismo cuando ella estuvo en el CSU durante la designación de Dolly Montoya como rectora.
Este método de votación, que se presume fue el que emplearon, es una aplicación práctica de la teoría de juegos. Para entenderlo mejor piense que tres personas (P1, P2 y P3) van a votar por cuatro candidatos (Ca, Cb, Cc y Cd) y deben elegir a la persona con más votos, pero, además, tienen que votar dos veces. De entrada los electores saben que los votos van a ser: P1 por Ca, P2 por Cb y P3 por Cc y, como tienen que votar dos veces, en su primera elección lo más probable es que voten también por Cd. Al final, Ca, Cb y Cc tendrán un voto, mientras que Cd obtendrá tres, siendo el ganador de la contienda.
En ese sentido, plantea Roldán, “las personas pueden llegar a generar estrategias y por eso no es un mecanismo transparente, porque castiga a los favoritos y premia a quienes no tienen votos en contra”. Cabe resaltar que esta metodología es válida porque en la Ley 30 no existe un mecanismo específico para designar al rector, sino que le da vía libre al CSU para que lo estipule. La votación puede ser directa, compuesta o ponderada, que fue por la que el Consejo se decantó en primer lugar.
La polémica, en opinión de Quevedo y Godoy, va más allá de quién ganó la votación, sino que tiene que ver más con la forma cómo se llevó a cabo el proceso. Primero, asegura Quevedo, no se respetó la consulta y fue “darle la espalda a la comunidad universitaria, sobre todo ahora que se elevó la participación casi en un 20 %”.
Lo segundo, opina Godoy, es que este mecanismo dejó por fuera a las personas que tienen mayor apoyo por parte de la comunidad universitaria y permite que los mismos se queden en el poder de la institución.
“Ahí estaba Ignacio Mantilla, que es el representante de los exrectores y la persona que impulsó la candidatura de Dolly Montoya a la rectoría y su reelección. A este grupo también pertenece José Ismael Peña. Esto quiere decir que van a completar 18 años en el cargo tomando el poder de la universidad y atentando contra cualquier ejercicio democrático”, concluye Godoy.
Quevedo insiste en que sí se deben transformar algunas de las metodologías que se tienen en la universidad, principalmente, para que se le permita a la comunidad universitaria estar más vinculada en el proceso y pueda participar activamente y de forma más informada.
››Una de las alternativas, propone Pedraza, es que en la reforma a la Ley 30 se incluya que la comunidad académica vote directamente por el rector.