Informe de ONU da plazo de un año a Fiscalía para presentar avances sobre caso “Santrich”
Así lo dice el documento que presentó ayer la experta internacional para los derechos humanos, Antonia Urrejola, sobre los obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz y el caso de entrampamiento del ex-FARC. Entre los hallazgos se dice que se habrí
La experta internacional para los derechos humanos, Antonia Urrejola, presentó ayer su informe final sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz, que también incluye las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Seuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich.
En noviembre de 2020, este diario reveló en un reportaje que la Fiscalía -por entonces en cabeza de Néstor Humberto Martínezparticipó en la entrega de cinco kilogramos de cocaína para involucrar al exjefe guerrillero con narcotráfico y lograr su extradición a EE. UU., un hecho que el exfiscal Martínez niega. Los audios y documentos que reveló Colombia+20 probaban que la Fiscalía no colaboró con la JEP en medio de los intentos de Martínez por desacreditar a la justicia transicional.
Tal como se indicó en el informe preliminar que la experta publicó en diciembre pasado, se confirma que la Fiscalía sí obstaculizó a la JEP en ese caso, porque Santrich duró un año privado de la libertad sin que se aportaran pruebas suficientes para comprobar su culpabilidad en el delito.
Habría un “agente provocador”
Entre los detalles que reveló el informe final de la experta de la ONU sobre esta obstaculización, se dice que la detención de Santrich se dio tras acciones de “investigación e inteligencia del Ejército y de la Fiscalía colombianos, y de la DEA”. Además, explica que para dicha pesquisa el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía autorizó “dos técnicas especiales de investigación: a un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína” y que fue producto de esa operación que se habría revelado información judicial sobre la presunta participación de Santrich en tráfico de estupefacientes.
Urrejola explica en su informe final que, aunque esas dos técnicas estaban contempladas en el marco legal de la cooperación judicial, no lo estaba el uso de un “agente provocador” en el hecho.
“El marco legal de la cooperación judicial internacional permitía el uso del agente encubierto y la entrega vigilada. No obstante, según la información recopilada por la experta y su equipo, se podría haber recurrido a la figura del ‘agente provocador’, que no está contemplada como técnica especial de investigación en el marco de la cooperación judicial internacional y está prohibida en Colombia”, se explica.
El documento insta a la Fiscalía a priorizar la investigación de la denuncia de la JEP y determinar eventuales responsabilidades penales “mediante la conformación de un grupo de expertos independientes para brindar asistencia técnica en la investigación” y recomendar acciones “para garantizar que se agoten los distintos niveles de responsabilidad y las líneas de investigación”, precisa.
Asimismo, y por la relevancia del caso, la Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación “en el plazo de un año a partir de la publicación de este informe, sin perjuicio de la reserva y plazos legales”, se consigna en el informe.
En entrevista con Colombia+20, Urrejola indicó que sobre este tema tuvo una conversación el lunes pasado con la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, para ponerla al tanto del tema.
“Ayer tuve una conversación con la señora Camargo. Ella acaba de asumir, pero me pareció importante al menos ponerla en antecedente de este tema. Ella no conoce el informe aún, pero le adelanté algunas cosas”, explicó la experta de ONU, quien agrega que el caso de Santrich es una muestra del ambiente hostil que hubo no solo contra la implementación del Acuerdo de Paz, sino contra la JEP, y que eventualmente eso incrementó la estigmatización hacia los firmantes de paz.
Los seis obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz
Urrejola calificó al Acuerdo de Paz como innovador “por su extenso contenido en materia de derechos humanos, incluyendo un enfoque territorial, étnico y de género”, y por “la creación de un Sistema Integral de Verdad”. Sin embargo, mencionó seis obstáculos para su ejecución.
El primero es que se necesita una política de Estado para mejorar la ejecución del pacto de 2016. Urrejola dijo que dicho acuerdo “constituye una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición”, pero que el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado.
Aunque no se refirió con nombre propio al gobierno de Iván Duque, señaló que el segundo obstáculo fueron sus años de mandatos que constituyeron “un contexto político hostil” a su implementación que se vieron reflejados con una serie de ataques hacia varios mecanismos del acuerdo.
El tercero es la violencia que persiste en el país, por lo que recomienda implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. El cuarto obstáculo es la ausencia de una instancia de más alto nivel -distinta a la actual Unidad de Implementación del Acuerdo- que “tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, y asegurar la debida coordinación interinstitucional”. Urrejola afirmó que debe estar separada de la institución encargada de las negociaciones de paz, es decir, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El quinto obstáculo es el rezago en la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género y, por último, la seguridad de los firmantes no solo a nivel físico, sino jurídico.
El documento de 19 páginas será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 2 de abril. Según Urrejola, esto podría derivar a unas eventuales propuestas de los Estados miembros de esa entidad para hacer cambios o seguimientos.