El gobernador Rendón, ¿promotor de una pirámide?
“SI ANTIOQUIA RESISTE, COLOMBIA así termina su destemplada respuesta al presidente el gobernador Andrés Julián Rendón, conductor del departamento en donde, de tanto en tanto, surgen sentimientos separatistas incentivados por la clase política y económica local. Con su frase, Rendón reivindica, entre líneas, la alegada superioridad de sus paisanos sobre el resto de colombianos. Pero, al mismo tiempo, le exige a la administración central que lo apoye mediante giros por $1.5 billones de pesos: “demandamos que el Gobierno nacional ponga los recursos que está obligados (sic) a poner para culminar las vías de cuarta generación…” (ver web). No se entiende entonces si “Antioquia resiste” o si, al final, “Colombia la salva”.
Este nuevo encontrón entre el gobierno Petro y la región enclave del uribismo se origina en uno de los discursos con que el jefe de Estado suele prender los ataques en su contra como si su táctica consistiera en sumar enemigos. En el caso de Antioquia, Petro se refirió a las billonarias inversiones en infraestructura vial que –según aseguró– han favorecido a los sectores más pudientes de la zona (ver web). No obstante, después de las denuncias presidenciales, tal vez injustamente generalizadas por el mandatario, no se produjo una acción gubernamental estratégica, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, que hubiera podido hacer presencia con una inyección de recursos en las zonas más empobrecidas del departamento, pero no hubo más que nuevos enfrentamientos.
La reacción de Uribe ante la polémica planteada por Petro fue, también, desmedida, retadora y divisionista en esta Colombia desarticulada; y, probablemente, ilegal e inconstitucional: “que un millón de antioqueños aporten, aportemos (…) de a $1 millón de pesos, unos más, unos menos; unos a título de donación, otros a título de préstamo” (ver web). La “vaca” por Antioquia propuesta por el líder absoluto de la región, quien, simultáneamente, fue el gran perdedor de la contienda presidencial de 2022, tomó cuerpo cuando fue acatada por su subalterno Rendón que se autonombró captador masivo de las donaciones en el momento en que puso a su servicio la página oficial de la Gobernación (ver web). Además, Rendón impuso una “junta” para vigilar la plata que entre y cuya meta, no hay que olvidarlo, es de $1 billón de pesos. ¡Un billón! Por si fuera poco, aparecieron supuestos aportes del criminal Clan del Golfo lo que, de ser cierto, configuraría lavado de activos con el concurso de Uribe y Rendón. Su “vaca” amenaza con ingresar al Código Penal:
Artículo 316: “El que desarrolle, promueva, patrocine, (…) o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses...”. La única institución competente para autorizar la captación masiva de dinero en el país al que todavía pertenece Antioquia es la Superintendencia Financiera (adscrita al Ministerio de Hacienda). Rendón y Uribe lo conocen de sobra, pero creen que a ellos no los cobijan las leyes financieras ni el Código Penal ni la Constitución que ordena la unidad nacional.
Entre paréntesis: Por ironía histórica, el presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó, en 2008, fortalecer “la capacidad de la Superintendencia Financiera para detectar y reprimir actividades de captación o recaudo no autorizado de recursos…” (ver web) ante la proliferación de las ‘pirámides’, tipo DMG, que les robaron miles de millones de pesos a incautos ciudadanos (ver web).