“No puedo balancear los derechos con la plata”
JOHN JAIRO CAMARGO, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló con El Espectador sobre la estrategia que ha implementado en el caso de los pasaportes y el metro de Bogotá. También se refirió a la estrategia del Estado, el Sistema Interamericano y de lo difícil que es balancear el reconocimiento de violaciones de derechos con las indemnizaciones económicas. Hace dos semanas el presidente Gustavo Petro le encargó revisar el contrato del metro de Bogotá. ¿Considera que entre las competencias de la Agencia está revisar contratos, así se trate de uno firmado por el Distrito de Bogotá?
Aquí no podemos perder de foco dos situaciones relevantes. La Agencia debe velar en virtuosa competencia funcional por la protección del patrimonio público, que es de todos los colombianos. Además, la entidad debe velar por generar políticas que garanticen la protección de los derechos de las personas. En este contexto, nuestra actividad se despliega bajo esa dinámica, no bajo ninguna otra. Estoy aquí para buscar soluciones, para que los recursos del Estado se optimicen de la mejor manera y para que ningún proyecto vulnere o afecte los derechos de los ciudadanos.
Cuando hablamos de la palabra revisar, ¿cuáles son las posibilidades de la Agencia en términos jurídicos? ¿Hasta dónde puede llegar?
Lo fundamental es garantizar que no se vulnere ningún derecho de los ciudadanos y que se proteja el patrimonio público. A mí me han dicho que eso no está dentro de mis competencias funcionales, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Esperar a que demanden el Estado? Esa es una visión completamente reduccionista. Aclaro que no estoy anticipando que vayan a demandar, sino haciendo una actividad de prevención.
¿Pero están revisando los contratos?
No, ni siquiera podemos hablar de eso. Por ahora tengo a un equipo de expertos evaluando las opciones jurídicas, pero con miras a dos cosas: proteger el patrimonio público y garantizar los derechos de los ciudadanos. Esa es mi órbita de acción. Ya los de más son suposiciones.
¿Dentro del abanico de posibilidades en el tema del metro está demandar?
No le puedo decir cuál es la posibilidad. En este momento estamos adelantando los estudios jurídicos pertinentes. Aquí me parece que hay unos puntos importantes. ¿La Agencia tiene competencias para revisar cualquier instrumento en aras de prevenir el daño antijurídico y la protección del patrimonio público? La respuesta es sí, y nadie lo puede desconocer. Y lo segundo: que estamos trabajando con un grupo de expertos para buscar una serie de soluciones que permitan sortear la situación.
Hace una semana era casi un hecho que Gustavo Gómez Aranguren era el próximo director de la Agencia. ¿Cuál es la razón por la que no llegó al cargo?
La potestad nominadora del cargo de director es del presidente de la República. En ese contexto, como Agencia, no tenemos injerencia alguna en la materia. Le voy a decir como abogado lo que pienso. El cargo de director técnico de esta Agencia es un cargo de libre nombramiento y remoción por parte del presidente.
Entonces las razones las tiene Presidencia…
Le insisto: este es un cargo de libre nombramiento y remoción, donde la potestad nominadora es discrecional del presidente de la República. Es lo que veo como abogado.
¿Cuáles son los temas en los que se quiere enfocar mientras esté en la dirección de la Agencia?
La descongestión del portafolio de petición y casos ante el Sistema Interamericano Derechos Humanos. El segundo es hacer una defensa técnica más eficiente, es decir, una defensa que no se reactive, sino que reconozca el derecho cuando haya lugar a ello, evitando sobrecostos para el Estado a través de procesos judiciales innecesarios. Y en tercer lugar, enfocarnos en los problemas reales de la Agencia.
¿Como cuáles?
Tenemos cerca de 119 procesos judiciales internos que cuestan más de $100 mil millones en los que la Agencia todavía no ha intervenido. Hay que intervenir en esos casos, entenderlos y definir la estrategia. No podemos ser ajenos a esto.
¿Cómo se puede balancear el hecho de que hay que reconocer la responsabilidad cuando evidentemente el Estado no actuó, pero también hay que cuidar el bolsillo de los colombianos? Finalmente, el dinero de las indemnizaciones sale de nuestros impuestos…
Voy a contestarle con una respuesta que me puede poner contra la pared. Pero no puedo balancear los derechos de las personas contra la plata. Esa no es una apuesta. Los derechos deben primar por encima del costo. Lo que sí estamos tratando de hacer es reconocer las violaciones mucho antes para que los procesos no cuesten tanto al final, porque por cada año que pasa el precio sube por temas como los intereses. Aquí estamos hablando de personas y sus derechos. Eso es primordial en un Estado social de derecho. El balance no puede ser entre la plata y los derechos, sino el reconocimiento de los derechos y una defensa eficaz.
Hay otro tema clave para el Gobierno, y es el de los pasaportes. ¿La Agencia está ayudando a la Cancillería en este asunto?
Desde que asumí esta dirección no he perdido de vista ninguna actuación de este caso. Es un tema determinante, porque están involucrados los derechos de las personas a tener un pasaporte. Por eso estamos al frente del tema. Estamos involucrados en los casos y los hemos asumido como propios, porque la relación de la Agencia con la Cancillería, así como con cualquier otra entidad demandada, debe ser articulada. Pero todavía no hemos intervenido en ningún proceso judicial.
¿Como la de la denuncia contra el exsecretario de la Cancillería José Antonio Salazar?
Sí. Tuvimos todo el contexto del caso y, en nombre de la Agencia, la interpuse. Evidenciamos una serie de irregularidades en tres resoluciones, pero la Fiscalía es la encargada de establecer los hechos. Mi deber como funcionario era denunciar lo que encontramos.