La demanda que busca que el Gobierno recalcule la plata que les da a EPS
Una acción popular pide echar abajo las actuaciones con las que el gobierno de Gustavo Petro definió el dinero que reciben las EPS para atender a sus pacientes. Representantes de asociaciones de pacientes y empresas gestoras de salud dicen que el Ejecutivo se equivocó y que estaría “desfinanciando” el sistema de salud.
Los dineros que anualmente les entrega el Estado a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para la atención pública de los pacientes se han convertido, para el gobierno de Gustavo Petro, en un tema que lo ha llevado a dar explicaciones cada vez más frecuentes en el escenario judicial. El manejo de los recursos del sector ha mantenido, desde hace años, enfrentadas a las EPS con el Ejecutivo y, recientemente, derivó en la intervención estatal de algunas de estas empresas como Sanitas y la Nueva EPS. El cálculo que hizo el Gobierno para definir cuánto dinero por paciente le daría a cada EPS en 2024 (un monto conocido como la Unidad de Pago por Capitación o UPC) ya le costó un llamado de atención de la Corte Constitucional, y ahora el asunto llegó al Tribunal Adminsitrativo Cundinamarca.
El tema aterrizó mediante una acción popular que busca echar para atrás las acciones con las que el gobierno Petro y su Ministerio de Salud definieron la UPC para 2024, alegando, principalmente, que ese nuevo cálculo pone en riesgo el “equilibrio financiero en la prestación del servicio de salud”. El recurso judicial fue firmado por 10 representantes de asociaciones de pacientes y empresas gestoras de salud, por considerar que la decisión del Gobierno de destinar como mínimo el 5 % de la UPC para la financiación de los equipos básicos de salud “desnaturaliza y desfinancia el esquema de aseguramiento en salud” y, a su parecer, es algo que debe echarse para atrás.
De acuerdo con el documento, la UPC que anualmente se les entrega a las EPS es con el fin de “garantizar el acceso a servicios y tecnologías en salud que se financian con estos recursos”. Entonces, al destinar obligatoriamente el 5 % de los dineros de la UPC, en palabras de los demandantes, es una salida que no tiene sustento. “Desfinanciar la Unidad de Pago, con miras a la operación de los equipos básicos de salud territoriales, no es técnica ni financieramente sustentable, si se tiene en cuenta que tal variación afectaría el aseguramiento de la población, cambiando así los parámetros definidos por la ley para el cálculo de la UPC”, dice la acción popular. En palabras simples, sacar un porcentaje de la UPC con una destinación específica desestabilizaría el sistema de salud.
Lo que piden en la demanda es que el Ministerio no aplique y, además, suspenda la Resolución 2364 de 29 de diciembre de 2023, con la cual se fijó el valor de la UPC para 2024. En ese mismo documento, el Gobierno estableció que se “deberá destinar como mínimo el 5 % para la operación de equipos básicos de salud”. Además, piden lo mismo con otras resoluciones relacionadas con establecer los servicios y las tecnologías de la salud que se financiaran con esos recursos, y con los que tienen que ver con las condiciones “y responsabilidades para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud financiados por la UPC”.
Dar cumplimiento a esas resoluciones, dicen los demandantes, haría que se afecten varios derechos relacionados con la salud. Por ejemplo, señalan que se vulneraría “el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la defensa de los consumidores y usuarios, y la defensa del patrimonio público”. Para los accionantes, la decisión del Gobierno “desnaturaliza y desfinancia el esquema de aseguramiento en salud”. Lo desnaturaliza, afirman, porque “rompe la unidad de la prima del sistema y afecta su cálculo técnico”, y lo desfinancia, porque “los recursos restantes para cubrir el plan de beneficios, con seguridad, resultarán insuficientes para atender a la población”.
Dentro de los autores de la acción popular figuran conocidos del mundo jurídico y de la salud. Por ejemplo, entre los accionantes está Adriana Guillén, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y actual representante legal de la Asociación de Cajas de Compensación; Diego Gil, vocero de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, y Ana María Vesga, de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
El gobierno Petro, aunque varias veces ha dicho que está dispuesto a revisar esos cálculos y montos, no se ha movido en sus números, mientras que las EPS insisten en que el dinero no es suficiente. El problema es todavía más profundo, pues como se lo dijeron gremios de las EPS a El Espectador a comienzos de mes, los diálogos sobre este asunto se han vuelto conversaciones sin debate. “Cada uno llega, muestras sus cifras y se va”, explicó una persona que participó en las mesas para definir y revisar la UPC. Además, la manera en que se llegó al valor de la unidad este año no escapó de la polémica, pues el propio Ministerio de Salud explicó en su momento que lo había tenido que hacer contando con la información de solo cuatro de todas las EPS que cumplieron con la consistencia en los datos que debían presentar para la toma de esa decisión.
Precisamente este ha sido uno de los reproches de la Corte Constitucional y que justamente repitió hace tres semanas en una audiencia en la que le jaló las orejas a la cartera que dirige Jaramillo. Por eso, la entrada de un actor de la justicia al ya tenso escenario del sistema de salud, a través de esta acción popular, podría destrabar la discusión, pero no por mesas de diálogos ni por concertacione, sino a través de una orden judicial.