“Estructura del CNE no permite llegar al fondo de casos como Odebrecht”
El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, de la Alianza Verde, explicó en EL HERALDO las razones por las cuales la pesquisa contra las campañas Santos y Zuluaga deben ser públicas.
Armando Novoa pide que pesquisa contra campañas de Santos y Zuluaga sea pública
BOGOTÁ. Al único magistrado de las minorías en el Consejo Nacional Electoral, CNE, Armando Novoa, de la Alianza Verde, lo separaron la semana pasada sus colegas del conocimiento de una de las dos investigaciones contra las campañas presidenciales de 2014 por la supuesta entrada de dineros de Odebrecht.
Novoa, quien además pide que sea público el juicio contra las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga por la aparente llegada de un millón y de 1,6 millones de dólares respectivamente de parte de la constructora brasilera, le dijo a EL HERALDO que, aparte de las dudas que hay entre la ciudadanía debido a que los togados de la corporación electoral pertenecen a uno u otro partido de los que se unificaron alrededor de esas campañas, “el número de sanciones que emite el CNE por financiación de campañas es menor”.
Por ello, vaticina, el Consejo, de no reestructurarse, “se convertirá en una especie de Comisión de Acusaciones de lo electoral”.
En este sentido, considera que se debe , ,ɠ/(ɠ(/ 0)ɠ.,# /( &ɠƀ )(ɠ' !#-.,)-ɠ que piensen en términos más jurídicos que políticos”.
¿Qué consideraciones le merece el P hecho de que lo hayan apartado de la investigación de la campaña de Zuluaga?
La mayoría de la sala se equivocó en esa R decisión. Apresuradamente determinó que supuestamente yo no estaba actuando en forma imparcial, porque algunos medios de comunicación, por una parte, filtraron un proyecto que se encontraba radicado en la sala sobre el registro de directivos del Centro Democrático. Los medios filtraron el documento e hicieron una interpretación del mismo, y eso llevó a mis compañeros a considerar que yo debía separarme no solamente del estudio de ese tema sino también de la propia solicitud que hice en la sala en el sentido de que se debía adelantar una investigación seria de la financiación de las campañas presidenciales en 2014. De manera que yo lamento esa decisión. Alguien también ha presentado una recusación para separarme de la investigación de la campaña del presidente Santos, y si la sala llegase a tomar esa decisión, quedaría separado del conocimiento de ambos temas, con lo cual se privaría al Consejo de tener una voz que represente la opinión de las minorías y de sectores diferentes a los partidos mayoritarios en esa controversia.
¿Hay garantías en las pesquisas del P caso Odebrecht contra las campañas con un CNE formado de vertientes políticas?
Hay una crítica de tiempo atrás en el R sentido de que no es una instancia que pueda adoptar decisiones en derecho dado que el origen de sus miembros está asignado al Congreso en la misma proporción en que los partidos están representados en el Legislativo. De tal forma que allí hay una observación muy fuerte que yo comparto y que obligaría al CNE, para contrarrestar esas criticas y esas reservas, actuar en forma pública levantando la reserva de la investigación, permitiendo que los ciudadanos conozcan el material probatorio, transmitiendo las deliberaciones en tiempo real a los ciudadanos, de tal suerte que sus actuaciones estén sujetas al escrutinio publico. Pero si el Consejo sigue manteniendo una actitud de secretismo, sigue apegado a una norma del reglamento que a mi manera de ver está derogada en el sentido de que sus actuaciones son reservadas no obstante la existencia de una ley posterior que obliga a las autoridades a su transparencia y a la publicidad de sus actuaciones, pues lo único que va a hacer es reforzar esa preocupación que han manifestado esos sectores y desafortunadamente iríamos a convertirnos en una especie de Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la organización electoral.
P ¿Cómo ve la posibilidad de que dineros de una corrupta multinacional hayan llegado a las principales campañas presidenciales del país?
R El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace una presentación muy descarnada y muy detallada de cómo operó esa multinacional para comprar campañas electorales, candidatos y partidos en Colombia y otros países de la región, y hasta
ahora no ha habido ninguna investigación que contradiga lo que en su momento hizo público el Departamento de Justicia. De manera que es de esperarse que el señor fiscal general de la Nación avance en sus investigaciones y ojalá el Consejo Nacional Electoral también avance en las suyas propias, para establecer la verdad real de todo lo acontecido, porque esto es muy importante para el futuro de la legitimidad de los procesos electorales. P ¿Y el CNE sí tiene ‘dientes’ para una investigación de esta naturaleza? R En el tiempo en que he permanecido en el CNE el número de sanciones por financiación de campañas ha sido menor, las investigaciones son puramente formales, el diseño institucional que hay no permite ir al fondo de los asuntos. Ojalá se corrijan esas inconsistencias y esas debilidades. Pero por lo que tenemos como antecedentes eso va a ser muy difícil de superar, por la debilidad además en los instrumentos de investigación que hacen difícil avanzar en acopiar una información adecuada a la complejidad de la financiación que se está mencionando pudo haberse producido en el caso de las dos campañas presidenciales.
Está entonces de acuerdo con la propuesta P que ronda la reforma política de sustituir el CNE por un tribunal despolitizado...
R Hay un consenso en todos los partidos en el sentido de crear un nuevo organismo electoral. Entonces la discusión no es si vamos a tener un nuevo organismo electoral sino cuándo. Si queremos unas elecciones sin los problemas que hemos tenido hasta ahora, ese nuevo organismo debería constituirse con las reformas que se decidan introducirle en el menor tiempo posible, de manera que se necesita un poder neutro, un órgano de control de las elecciones no controlado por los partidos políticos, de origen técnico, con magistrados que piensen en términos más jurídicos que políticos y electorales, y eso obliga a la modificación de algunas normas de la Constitución.