El escándalo español y la Triple A
Hay quienes dicen que el escándalo español por los turbios manejos de Canal de Isabel II, la dueña mayoritaria de la Triple A, a través de Inassa, ha agotado las existencias de Lomotil en Barranquilla. Por ahora, quienes de verdad deben estar sintiendo los efectos diarreicos por el encarcelamiento son los ex ejecutivos de Canal, a quienes la Fiscalía ibérica les decretó orden de captura.
A estos señores se les ha abierto un juicio judicial y político porque todos ellos, cercanos al Partido Popular, actualmente en el poder con Mariano Rajoy, usaron a Canal para robarse unos dineros inflando los valores en la compra de acciones de empresas filiales en Brasil y Colombia, entre ellas la Triple A, que es la joya de la corona en América Latina. Estos señores están presos porque cometieron el delito de robarle al Estado español con fines personales y partidistas, pues con esos dineros financiaron también campañas del PP.
Pero, una cosa debe quedar muy clara: esta es una pelea en el seno de la Comunidad de Madrid en la que quienes la han promovido están defendiendo los intereses de Canal, no los del pueblo de Barranquilla, que ha sido esquilmado por los españoles con las altas tarifas que pagamos los usuarios, y que han producido mucho dinero no solo para los fines que ha develado la Fiscalía ibérica, sino para asegurar cómplices, aliados o testaferros en esta ciudad.
A Barranquilla nadie la ha defendido. Por el contrario. Con el argumento de que la Triple A es una empresa eficiente –un cuento que todos nos hemos engullido sin discutirlo– los españoles, por medio de Inassa, asumieron el control accionario hasta llegar al 82,16 % frente a un 14,5 % del Distrito y 3,34 % de unos socios menores.
Y todo esto pasó porque los alcaldes, desde Édgar George en adelante, más los concejales, más los organismos de control, más los gremios económicos, más la prensa, más la ciudadanía, no dijeron nada frente al despojo español. ¿De qué vamos a quejarnos hoy? Aquí los que hemos abogado en favor de la recuperación de la Triple A –volviendo al espíritu del Acuerdo 023 de 1991– nos podemos contar con los dedos de la mano, y sobran dedos.
Fue un despojo permitido, tolerado por múltiples razones, y una de ellas es que los amos de la Triple A adquirieron, con su inmenso poder económico, la capacidad de vencer, acallar o sosegar cualquier resistencia. Empezando porque l a Triple A, en su avarienta estrategia acumuladora en favor de sus dueños mayoritarios, siempre contó con la obsecuencia de la Comisión Reguladora de Agua Potable, que ha convalidado la succión económica a los usuarios, vía tarifa, en fórmulas como el Costo Medio de Inversión, CMI, una especie de fondo o reserva que la empresa no invierte en la proporción esperada, y que seguramente ha sido la caudalosa fuente que ha alimentado la corrupción española, colombiana y barranquillera.