Contador del Cartel de la Salud Mental dice que devolverá dinero
Ronaldo Herazo dijo a la Fiscalía que entregará $1.200 millones
SINCELEJO. Dos meses después que Sucre fuera noticia a nivel nacional por la captura de 8 miembros del Cartel de la Salud Mental, tres de ellos, secretarios de salud entre los periodos 2012 y 2016, el tema vuelve a cobrar vigencia.
Esto, luego de que el gobernador Édgar Martínez Romero, diera a conocer que la Fiscalía le informó que llegó a un preacuerdo con Ronaldo Herazo Bertel, contador del exgobernador Julio Guerra, implicado en el cartel.
Herazo, según dijo Martínez, le manifestó al ente acusador que iba a entregar más de 1.200 millones de pesos.
“Estamos en el trámite de recibir los primeros 600 millones de pesos, el abogado de Herazo pretende que el acuerdo de pago sea por 18 meses, nosotros consideramos que es un tiempo muy largo y hemos dicho que máximo 6 meses”, explicó.
Añadió que convocará a la Asamblea a sesiones extraordinarias para que autorice el manejo de los recursos, aunque tiene claro que debe ser para el sector salud.
El gobernador aseguró que el daño que se le hizo a Sucre fue muy grande, que no solo consistió en ganarse una comisión sino que fue premeditado, afectando la salud de la comunidad, pese a tener un presupuesto tan escaso.
Se conoció que Herazo, quien está recluido en el Establecimiento de Reclusión Especial de Corozal, se comprometió con la Fiscalía 78 Anticorrupción a ser uno de sus testigos, de ahí que se esperan más capturas.
Representantes legales de diferentes clínicas mentales de esta ciudad manifestaron que durante los años 2012 y 2015 el contador les cobró cerca de 200 millones de pesos que exigía según su dicho, el gobernador (Julio Guerra) para pagarles las facturas, porque debía recuperar la plata invertida en la campaña.
Este dinero era recibido a través de otras personas que enviaba al Banco de Colombia y así agilizaba el pago de los recursos de salud o de otra forma era imposible que el gobernador autorizara el pago.
Según los testimonios obtenidos, solo pagaba a las IPS que dejaran el 20% del valor de las facturas cobradas o inclusive el 40%.
La Fiscalía pudo establecer que era el enlace entre los particulares y la Gobernación de Sucre para el pago de estas comisiones y así salieran las resoluciones.
No aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencia de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares.