El caso del fiscal acusado de doble homicidio en Montería y que sigue ejerciendo
La Procuraduría anunció que designará una agencia especial para investigar este caso, la cual integrarán expertos en lo judicial y penal adscritos al ministerio público.
MONTERÍA. El inclemente llamado de auxilio de las familias para que se haga justicia por el homicidio de dos jóvenes en Montería, a manos de un fiscal de la nación que sigue activo en su cargo, tuvo un pequeño avance en medio de la ‘dilación’ del proceso: la Procuraduría anunció que designará una agencia especial que conformarán expertos en el tema judicial y penal adscritos a ese ministerio público para que asuma el caso.
El compromiso lo hizo el jueves el procurador general de la Nación en su reciente visita a Montería. Ese día, Fernando Carrillo anunció que actuará con la Fiscalía en el esclarecimiento del doble crimen que le arrebató la tranquilidad a dos familias del barrio Sucre de esta ciudad: los Suárez Rivas y los Rodríguez López.
“Por supuesto que vamos a actuar con la Fiscalía en el esclarecimiento de estos homicidios. Disponemos de procuradores judiciales penales para ello y voy a ponerme en contacto con el fiscal general para ver en qué va esa investigación. Tengan la certeza de que vamos a actuar para que exista el tipo de sanciones disciplinarias como consecuencia de la derivación de una responsabilidad de carácter penal”, sostuvo el procurador Carrillo.
El caso se remonta a la noche del 18 de junio del año pasado, cuando el fiscal antibacrim Mario Alonso Lora Correa, quien estaba vinculado en Caucasia (Antioquia), en una discoteca de la calle 41 con carrera 10 de Montería, pidió ayuda a un policía “porque supuestamente iban a atracar a su hijo menor de 16 años, quien había ido al baño del establecimiento público. Luego fue a su vehículo por una pistola 9 milímetros y en estado de embriaguez disparó contra los jóvenes Camilo Andrés Rodríguez López, de 33 años, y Harold David Suárez Rivas, de 21 años. En el hecho un agente de la Policía también recibió un balazo del fiscal, en una de sus manos”, relata el expediente de la Fiscalía.
El primero, Rodríguez López, murió el 3 de julio tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica en el hospital San Jerónimo, de Montería, mientras que su amigo falleció el 26 de agosto en la clínica Imat, de esta misma ciudad.
Minutos después del hecho el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús Díaz, corroboró en el sitio que los dos jóvenes a quienes el fiscal Lora había herido, señalándolos como presuntos atracadores, no portaban armas, no les encontraron objetos robados y tampoco registraban antecedentes.
Cuatro días después de los hechos el fiscal fue favorecido por un juez de control de garantías de Montería con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, con la prohibición de visitar sitios de expendio de licor y portar armas. La Fiscalía lo trasladó a Barranquilla para que siguiera ejerciendo como tal.
Al respecto, también reaccionó el procurador Carrillo, quien advirtió que “los problemas no se solucionan trasladando a los que han incurrido en ese tipo de conductas, violando flagrantemente los derechos de los ciudadanos”.
PIDEN TRASLADO DEL CASO A BOGOTÁ. El abogado Sergio Ramírez, defensor de los familiares de los dos jóvenes que murieron baleados por el fiscal Lora Correa, pidió al fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el cambio de radicación del caso hacia la ciudad de Bogotá, para que existan mejores garantías procesales.
Dicha solicitud la hizo el penalista con base en que el juez que llevaba el caso en Montería desde el inicio del mismo, el 21 de febrero pasado, cuando debió realizarse la audiencia de acusación contra Lora, se declaró impedido y por lo tanto el proceso fue enviado al Tribunal Contencioso, de allí se radicó en el Juzgado Penal del Circuito de Cereté y luego pasó a Lorica, donde se está realizando la diligencia de acusación.
“Todo esto lo que demuestra es que no hay mayores garantías frente a la administración de justicia, por eso la solicitud que hice al fiscal general para que se examine la posibilidad de un cambio de radicación en Bogotá, atendiendo a todas las circunstancias desde el punto de vista procesal que ha sucedido con este caso”, precisó Ramírez. EL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS. Hermes Suárez Rivas, hermano de Harold, uno de los muertos del fiscal Lora, dijo que el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tiene pleno conocimiento de las ‘dilaciones’ que se han dado en este proceso, debido a que varios jueces y fiscales de Montería se han declarado impedido.
“Sabemos que se están moviendo influencias y hemos sido víctimas de eso. Nos causa mucha indignación ver cómo un funcionario público que está implicado en un doble homicidio y que atentó contra un agente de la Policía, todavía esté vinculado a la Fiscalía, es decir, al mismo ente que lo está acusando. Eso puede entorpecer el proceso, tal como ha ocurrido en estos once meses”, insiste Hermes.
Suárez señala que las “influencias” del padre del fiscal Lora, Jairo Lora, quien fue magistrado del Tribunal Superior de Córdoba, “han hecho que el caso no avance”, ni siquiera en Lorica, hacia donde fue trasladado y donde el pasado 24 de abril lo único que pasó fue el reconocimiento de víctimas, además de corroborarse la acusación de la Fiscalía, de homicidio agravado en concurso homogéneo.
“No es garantía que una persona que representa un peligro para la sociedad, incluso, para nosotros, esté vinculado todavía al ente que lo está acusando. Esto solo pasa en Colombia, que alguien que mató a dos e hirió a un policía esté impartiendo justicia”, sostiene el hermano de una de las víctimas.
El hermano de Harold aseguró que sus padres, Hermes Suárez y Marta Rivas, debieron mudarse desde el barrio Sucre, porque se sintieron intimidados con la frecuencia de vehículos polarizados y motociclistas con cascos enterizos frente a la vivienda familiar.
Hermes recuerda a su hermano Harold como el joven alegre, de 21 años, que aún se divertía con inventos que hacía con los amigos del barrio: ver películas en la sala de una casa, jugar fútbol o manejar bicicleta. Era la mano derecha de su padre en el negocio de comercializar, reparar y armar mesas de billar al tiempo que estudiaba refrigeración en el Sena, en la capital cordobesa.
Entre tanto, Óscar Eduardo Patiño Rodríguez, primo de Camilo Rodríguez López, la otra víctima mortal, cree muy injusto que se hayan acumulado once meses de impunidad y asegura que ambas familias recibieron como propuesta, a través de un WhatsApp al teléfono del abogado que representa sus intereses, 80 millones de pesos por cada uno de los jóvenes, a manera de reparación. “Pero ninguna cifra indemniza o repara el daño que se nos ha causado”.
“No es ético que el implicado en este caso siga trabajando como fiscal. Él no se presenta a las audiencias alegando múltiples ocupaciones debido al trabajo que tiene en la Fiscalía. Se está cumpliendo lo que nos dijo la gente en la calle, que este proceso en Córdoba no prosperaba por las influencias”, indica Patiño.
Cuenta Óscar que Harold y Camilo eran grandes amigos, departían mucho, tal como lo hicieron la noche del pasado 18 de junio, en plena Feria de la Ganadería en Montería. Escogieron para la rumba sana una discoteca en la calle 41 donde disfrutaron hasta que el fiscal les disparó.
Dice que su primo alcanzó a contarle, malherido, que quien recibió primero los impactos fue Harold, y que él no había reaccionado contra el homicida, sino que se agachó a auxiliar a su compañero cuando también fue impactado por la espalda.
El abogado defensor del fiscal Lora Correa, Guillermo Álvarez Machacón, aseguró en un documento que hizo público recientemente, que su defendido está libre “porque tanto la ley como el sentido de justicia así lo disponen, dado que en un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, principio que además es rector del sistema penal, esta es la regla, ya que la excepcional privación de la libertad solo procede cuando ella es necesaria”.
Advierte el penalista que Lora no ha obstruido el debido ejercicio de la justicia y tampoco se ha negado a comparecer cuando ha sido llamado a responder ante los estrados judiciales en diversas audiencias, incluso, cuando implicaban la posibilidad de ordenar su detención. “Hoy no hay medios de conocimiento de los cuales se pueda inferir que es un peligro para la comunidad o para los perjudicados, siendo comprobable que se ha observado un comportamiento ejemplar durante el tiempo transcurrido desde los hechos, comportamiento usual en él y que fue afectado por el desencadenamiento de unos sucesos que todos lamentamos, a los que fue llevado por circunstancias que serán objeto de valoración en juicio”, sostiene Álvarez Machacón.
Después de por lo menos tres traslados en los estrados judiciales el proceso contra el fiscal Lora Correa está en poder del Juzgado Penal del Circuito de Lorica, en cabeza de la jueza Ana Verbel López, luego que el juez penal del circuito de Cereté, Francisco Daza, se declarara impedido en el caso.
La próxima audiencia en la que la jueza Verbel escuchará las acusaciones de la Fiscalía está programada para el próximo 20 de junio, cuando se cumplirán 367 días del doble homicidio.
“Sabemos que se están moviendo influencias y hemos sido víctimas de eso y nos causa mucha indignación”.