Contraloría detecta hallazgos por $3.117 millones en Distrito entre 2014 y 2015
El 90% de la suma corresponde a un contrato de atención a la Primera Infancia .
Pese a los hallazgos, la Contraloría General destaca en su auditoría que el Distrito obtuvo una calificación “favorable” de 89,3 sobre 100 en el manejo de recursos del Estado.
BOGOTÁ. La Contraloría General presentó el informe de auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, en Barranquilla, en el que establece 17 hallazgos administrativos, tres disciplinarios y dos penales y fiscales por 3.117 millones de pesos. En el documento de 70 páginas, conocido por EL HERALDO y suscrito por el contralor delegado para el sector social, José Antonio Soto Murgas, se revisan los recursos en la vigencia de 2015 en la capital atlanticense, y se destacan dos casos puntuales: los giros del Distrito al Colegio Técnico Distrital de Rebolo y el Programa de Primera Infancia.
No obstante, en la misiva que encabeza el reporte, dirigida al alcalde Alejandro Char, se le informa que la gestión distrital obtuvo una calificación de 89,33 puntos, correspondiendo a una estimación “favorable”, ya que, en términos generales, el Distrito “alcanzó los objetivos y metas”.
La auditoría se hizo a los recursos recibidos mediante el Conpes, es decir, $620 mil millones, más rendimientos financieros y recursos de balance por más de $30 mil millones, para un total de $651 mil millones del SGP. En 2015, el presupuesto definitivo de Barranquilla fue de $2,2 billones. GIROS RETIRADOS POR LA RECTORA. El primer hallazgo con presuntas incidencias penales, fiscales y disciplinarias se dio en el manejo de recursos de calidad de matrícula y gratuidad.
“En visita de inspección al Colegio Técnico Distrital de Rebolo, realizada por funcionarios de la Contraloría y el acompañamiento del rector del 30 de agosto de 2016, con el fin de verificar el manejo e inversión de los recursos, no se encontró información contable, ni evidencia de los gastos por los dineros recibidos durante las vigencias 2013, 2014 y 2015”, advierte el ente de control. Agrega que “la rectora anterior nunca presentó la documentación requerida”.
El ente de control señala que al revisar los extractos bancarios de la vigencia 2013 descubrió que ingresaron el 19 de marzo $47 millones por concepto de calidad de matrícula, recursos que giró el Distrito a la institución educativa, “realizándose retiros en cheques girados a favor de la rectora por más de 21 millones de pesos y a terceros más de 25 millones; no obstante, según copia del libro de banco suministrado por la Secretaría de Educación Distrital, se observa que los nombres de beneficiarios no corresponden a los registrados en el título valor”.
SECRETARíA DE EDUCACIóN NO REPORTó. Luego, el 3 de abril de ese mismo año, ingresaron a la misma cuenta del Banco Caja Social más de $73 millones, de los que, según la Contraloría, la rectora (Maritsa Barrios) retiró más de $23 millones y $50 millones más fueron transferidos el 9 de abril a la cuenta del colegio: “de esta inversión no existe evidencia en la institución educativa (...) ni fue reportada por la Secretaría de Educación”.
En 2014 fueron transferidos más de $72 millones el 18 de febrero, de los que la rectora, se lee, retiró más de $71 millones. El 20 de junio ingresaron otros $31 millones y la rectora volvió a retirar más de $30 millones: “de esta inversión no existe evidencia en la institución educativa (...) y la Secretaría de Educación reportó información financiera del primer, segundo y tercer trimestre, sin soportes de pagos”, señala el reporte.
Y en 2015 se giraron más de $88 millones de pesos el 17 de abril, de los que la rectora, dice el informe, retiró el mismo día $50 millones y del 20 al 30 de abril más de $30 millones, y más de $7 millones fueron transferidos el 21 de abril a la cuenta del colegio. El 6 de agosto, además, ingresaron a la cuenta del Banco Social más de $31 millones, siendo retirados por la rectora el mismo día. Tampoco, según el organismo de control, existe evidenciasen la institución de la inversión y “la Secretaría de Educación solo reportó información financiera del primer trimestre, cuando los recursos aun no habían ingresado”.
NO SE HA PRESENTADO DENUNCIA. Los recursos supuestamente retirados por la rectora en esas tres vigencias suman más de $228 millones. Mientras que en la cuenta del Banco Caja Social se consignaron más de $343 millones en total.
Advierte el ente de control fiscal, al final de la relación del hallazgo, que “los recursos públicos no fueron invertidos en procura de una adecuada prestación con calidad del servicio educativo, ni destinados al cumplimiento de un fin esencial del Estado”, y añade que “a la fecha, la Administración no ha presentado denuncia ante las autoridades competentes y no se ha logrado el resarcimiento de los recursos”.
Por lo tanto, concluye: “se denotan debilidades del ente territorial certificado en el deber que le asiste de ejercer control interno (...), por cuanto permitió de manera reiterativa concentración de la función de tesorería o pagaduría, siendo ejercida por la misma rectora, al igual que el retiro de recursos, ya que requería la concurrencia de por lo menos dos firmas, con el agravante de que no se constituyó póliza de manejo".