Los líos de los baldíos
En manos de la Agencia Nacional de Tierras está la investigación que tanto ruido está haciendo en el país en estos momentos. Se trata de un problema que nació con la creación del Estado mismo. Es la tenencia de la tierra en pocas manos, y esta vez tiene como pie- dra del escándalo la adjudicación y venta de terrenos baldíos a particulares de forma irregular. Lo que dice la Contraloría General de la República, en cabeza del vallenato Edgardo Maya Villazón, es que 322 predios están en entredicho. Esos predios suman 123.000 hectáreas, de acuerdo a una exhaustiva auditoría realizada durante dos años entre 2013 y 2015.
No hay nada nuevo en la forma como se han adquirido algunas de las más grandes extensiones de tierra en Colombia. Lo novedoso es que la Contraloría General de la República lance esa bomba, adobada con una larga lista de importantes personalidades y de empresas agrícolas y ganaderas. La mayoría ubicadas en Córdoba, Meta, Antioquia, Caquetá y Vichada. Tema delicado. No solo porque quienes ostentan el título de esas propiedades son en su mayoría gente de mucho poder económico y político, sino porque bajo la presunción de hacer justicia, se cometan injusticias.
No hay que ser experto en la materia para intuir que lo que todos sabemos sobre tierras en este rico país agrícola tiene un tufillo de chueco en el fondo. Tanto, que inclusive los organismos encargados de ponerles la lupa a los entuertos se han equivocado en varias ocasiones. Por ejemplo: muchos compradores de buena fe han sido objeto de arbitrariedades. De igual manera lo han sido propietarios de toda la vida, obligados entonces a demostrar hasta la saciedad que la finca en discusión fue obtenida mediante negocios limpios y comercialmente válidos, o son parte de un legado familiar.
Esta vez los señalamientos recaen sobre nombres como el del expresidente Álvaro Uribe, familiares de ex ministros de Agricultura de diferentes gobiernos y corrientes políticas, empresas reforestadoras, sociedades agropecuarias y poderosos grupos económicos que han extendido sus tentáculos al campo. La base de la investigación indica que se presume ilegal la forma como se obtuvieron las tierras porque fue violada la ley que prohíbe la acumulación de baldíos que superan la UAF, es decir la Unidad Agrícola Familiar.
Pero contra todas las posibilidades de errores o injusticias también hay que mirar con ojos bien abiertos lo que ha pasado. No está de más recordar que la historia del campo colombiano ha sido armada con piezas de robo despiadado, crímenes sistemáticos, engaños y presiones. Como nunca, en los últimos años la justicia ha puesto sus ojos sobre notarios encompinchados con grupos violentos, con terratenientes y con funcionarios de las oficinas de registro para despojar a campesinos de sus parcelas. Será la Agencia Nacional de Tierras la encargada de establecer la veracidad de los señalamientos.