“No me preocupa la queja, las demandas tienen fundamento”
Abogada sucreña dice desconocer de dónde salen los $44 billones de la queja.
SINCELEJO. La abogada Ana Pacheco Caro, quien ha instaurado cuantiosas demandas contra el Estado, ocasionando que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andeje, radicara una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que no le teme a esto porque tiene soportes y además la cifras que exige son inferiores a las que han sido reveladas.
Pacheco Caro aseguró que aún no ha sido notificada de la queja.
“No me preocupa la queja porque las demandas tienen su fundamento, se presentaron con base en documentos y todas las víctimas tienen derecho a demandar. Yo estoy representando a las del demarre de petróleo en el Golfo del Morrosquillo y el Tránsito de Sucre que no existe legalmente”, explicó la jurista.
Pacheco aseguró desconocer de dónde salen los $44 billones por los que, según la Andeje, ella los tiene demandado.
Sobre la demanda del Golfo de agosto de 2014, manifestó que tiene más de 7.000 poderes, pero los afectados son más. Abarca con ello al sector turístico, hotelero, pescadores, transportadores y la misma comunidad porque hubo cierre de playas debido a la contaminación. La indemnización sería por más de $7 billones.
La demanda del Tránsito de Sampués se inició por- que Pacheco representaba a unas personas a las que en el año 2002 les suprimieron sus cargos en la Gobernación de Sucre, entre ellos funcionarios del Tránsito que en ese momento sí existía.
Además de suprimir los cargos, suprimieron la entidad y los afectados instauraron demandas, algunos con fallos a favor otros en contra, estos últimos fueron apadrinados por la abogada, entre ellos Francisco Martínez, quien presentó una tutela ante el Consejo de Estado y la negó argumentando que el Tránsito no existía.
NO EXISTÍA Y FUNCIONABA. Añadió que sin existir el Tránsito utilizaban código, tenían páginas y cobraban sin autorización, es decir, estaba funcionando ilegalmente, por lo que aumenta el número de víctimas, a quienes se les cobraron por trámites e impusieron sanciones. La demanda del 3 de febrero de 2015 es por $427.240.000.
Recalcó que dentro del trámite de los procesos, la Agencia no realizó ningún tipo de actuación a pesar de que tenía conocimiento de los mismos.