La agonía del difunto
En hora buena la Superintendencia de Servicios Públicos, de la mano del diario EL HERALDO, convocó un foro para deliberar y debatir en torno al futuro del suministro del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe. El mismo despertó una gran expectativa porque los desesperados usuarios de Electricaribe no ven la hora de sobreponerse de la pesadilla en que se ha convertido para ellos la pésima calidad de la prestación de dicho servicio.
Como es bien sabido, la Superintendencia se vio precisada a intervenir a Electricaribe el 15 de noviembre pasado, para evitar que la Región se apagara. Posteriormente, el superintendente José Miguel Mendoza, procedió a anunciar el 14 de marzo de este año que la intervención seguiría adelante, pero esta vez con fines de liquidación. A estas alturas, como tuve oportunidad de plantearlo en el Foro, el proceso de liquidación debe proseguir, pues hemos llegado a un punto de no retorno; por ello, es de la mayor conveniencia que, por parte de la Superintendencia, se revele cuanto antes la hoja de ruta que va a seguir, con la finalidad de proceder más pronto que tarde al cambio de operador. La demora prolongaría la agonía del difunto y es lo que no queremos. De allí la importancia de fijar una fecha límite para su cristiana sepultura.
Se discutió en el Foro la conveniencia de tener hacia el futuro uno o más operadores de red en reemplazo de Electricaribe, pero esta deberá ser una decisión que se tome no sin antes analizar y evaluar los aspectos técnicos, operativos y funcionales por parte de los expertos. En todo caso, de lo que se trata es de que se pueda prestar el servicio de energía eléctrica con eficiencia, calidad, continuidad y equidad, como lo manda la Ley 143 de 1994. Para ello se tienen que considerar empresas con la suficiente idoneidad, experiencia, capacidad de gestión administrativa, operativa y, sobre todo, con el músculo financiero requerido para invertir en la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan5Caribe, condición sine qua non para que el servicio mejore. Para este año se requieren inversiones, que son inaplazables, del orden de los $264.477 millones (¡!).
Consideramos de la importancia introducirle ajustes al Modelo, particularmente en lo tocante con la regulación. Hemos planteado la necesidad de que por parte de la CREG se implemente un esquema regulatorio diferencial que consulte la realidad regional.
Vemos, también, la necesidad de que la CREG revise la metodología de costo medio histórico para calcular el cargo por distribución en la tarifa, por la distorsión que causa y lo perverso de la señal que manda. En su lugar debe implementarse una metodología de costo medio de mediano plazo, la cual estimule al operador de red a ejecutar sus inversiones en lugar de aplazarlas, que es lo que ha venido ocurriendo.