Partidos y Gobierno pactan financiación estatal y listas cerradas desbloqueadas
Está previsto que el proyecto de reforma política que el Gobierno radicado hoy en la Secretaría del Congreso recoja las disposiciones acordadas tras un mes de revisión.
“La supercorte terminaría arrodillando la democracia”.
“Celebramos esto como una gran victoria ciudadana”.
Hoy el Gobierno Nacional finalmente radicará en la secretaría del Congreso el proyecto de reforma política (que fue uno de los aspectos que se pactaron en La Habana) con el que pretende lograr que todo el proceso electoral colombiano sea más transparente, eficiente y autónomo.
Sin embargo, antes de llegar a esto, la iniciativa original del Gobierno –que recogió las planteamientos de la Misión Electoral Especial (MEE)– pasó por la ‘revisión’ de los partidos políticos con los que el Ejecutivo dialogó por cerca de un mes y a partir de lo cual se produjo una serie de modificaciones al texto primario.
El último encuentro entre partidos y gobierno fue este lunes donde se ultimaron detalles. Estos son los principales aspectos de la reforma.
CONSEJO ELECTORAL COLOMBIANO.
Entre las sugerencias quepresentóenabrillaMisión Electoral Especial al Gobierno para materializar dichos cambios en el sistema electoral, se encontraba la creación de una nueva Corte Electoral que, según la propuesta, estaría integrada en la rama del poder judicial y tendría entre sus competencias resolver las demandas de nulidad de las elecciones, definir la pérdida de investidura y la pérdida del cargo de los candidatos elegidos y declarar y suspender la personería jurídica de las organizaciones política.
La idea de esta ‘supercorte’ no gustó en varios partidos que reaccionaron casi de inmediato. Por ejemplo, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, afirmó en su momento que la creación de esa nueva Corte “terminaría arrodillando a la democracia” porque precisamente iba a “tener capacidad de nulidad electoral, perdida de investidura, derechos políticos, sanciones disciplinarias y fiscales” y que incluso tendría el poder de definir “si un candidato podría aspirar o no a los cargos de elección popular”.
Luego de las discusiones con los partidos políticos, lo que finalmente se consensuó fue que la Corte Electoral no se implementaría pero sí se pondría en marcha un nuevo consejo electoral colombiano que entraría a reemplazar al actual Consejo Nacional Electoral y que tendría como novedad, su origen no político (en la medida que sus integrantes no los elegirá el Congreso sino el Consejo de Estado y el Presidente) y sus funciones de policía judicial para vigilar a las campañas políticas.
FINANCIACIÓN.
En el tema de la financiación de campañas, se acordó que ésta debía ser mayoritariamente estatal. Del mismo modo, toda financiación privada que se haga a las campañas deberá estar inscrita y declarada ante las autoridades electorales con la novedad de que si se encuentra que dichos fondos privados son mal utilizados, será responsable penal tanto el donador como el aspirante y su partido.
En relación con lo anterior, también se propuso crear un registro nacional de proveedores en el cual se deberán inscribir todos aquellos posibles empresas o particulares que vayan a prestar un servicio a los candidatos o los propios partidos en las elecciones. Para el día de que se lleven a cabo los sufragios quedará prohibido que las campañas contraten servicio de transporte pues éste deberá ser garantizado por el Estado. Un artículo más que llevará la reforma es que se prohíbe a los candidatos los regalos o donaciones a los ciudadanos, esto con el fin de frenar el llamado pago de los votos con tejas, ladrillos u otro tipo de artículos que les dan a sus electores.
LISTAS CERRADAS PERO NO BLOQUEADAS. Mientras que el documento original que recibió el Gobierno por parte de la MEE sugería que para Senado era conveniente establecer la lista cerrada y bloqueada, finalmente lo que se acordó para las elecciones del 2018 fue implementar la lista cerrada pero desbloqueada. La idea del gobierno es hacer una transición que permita aplicar la lista cerrada plena en las elecciones subnacionales del 2019. Otro de los cambios que se introducen con el proyecto de reforma es la reducción de la edad permitida para ser senador o representante de la Cámara. Para el primer caso, el requisito pasa de 30 a 25 años y en el segundo de 25 a 21.
Sobre la Procuraduría se mantiene su función de poder destituir a alguna persona que haya sido electa para un cargo uninominal o corporación, pero no podrá inhabilitarlo de forma inmediata.
PROPUESTAS CIUDADANAS. De acuerdo con el Ministerio del Interior, otras de las propuestas que recoge el proyecto de reforma política del Gobierno fueron las que los ciudadanos manifestaron en el proceso de diálogo que inició aquella cartera en diferentes regiones del país.
“Celebramos esto como una gran victoria ciudadana. Muchos de los que enviaron propuestas seguramente no pensaron que iban a tener una incidencia directa en esta reforma” indicó Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior.
Dentro de estas se encuentran la eliminación de la curul vitalicia en la medida que nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en corporaciones públicas; así como también la implementación de la inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior; también se habilitará la recolección de firmas digitales para que los ciudadanos presenten iniciativas al Congreso de la República, entre otras.
MAURICIO LIZCANO
Presidente del Congreso
LUIS ERNESTO GÓMEZ
Viceministro del Interior