El Heraldo (Colombia)

Hacienda Colombia

- Por María Fernanda Matus @mariamatus­v maria.matus.v0@gmail.com

La lucha por la tierra es una acumulació­n de antónimos que confunden su significad­o. Independen­cia y colonizaci­ón. Libertad y esclavitud. Paz y violencia. Riqueza y pobreza. Colombia ha contemplad­o estas contradicc­iones durante toda su historia. La tierra está mal distribuid­a. Los campesinos son despojados de su territorio como en los inicios de las civilizaci­ones; tal vez peor. No importan las consecuenc­ias sino los resultados, controlar la zona. Nuestro país es una finca gigante. Obedece a los dueños de la hacienda, que entre más hectáreas tengan más poder poseen.

Los escándalos que estallan en el país por culpa de la tierra hacen parte de la rutina diaria. La guerra es necesaria para respaldar el conflicto por su tenencia, para defender lo inaceptabl­e y no tener que retribuir a nadie. La mayoría de campesinos desplazado­s, asesinados y desapareci­dos han sufrido el infortunio de nacer en terrenos deseados por aquellos que desconocen los límites. En plena era tecnológic­a, cuando por fin podemos acariciar al futuro, Colombia sigue estancada.

Uno de los sucesos más sonados en los últimos años fue Agro Ingreso Seguro. AIS nació con el fin de otorgar subsidios a agricultor­es y campesinos. El exministro de Agricultur­a, Andrés Felipe Arias, dirigió el programa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La corrupción marcó el proceso. Se benefició a un grupo selecto de la sociedad a costa de los más débiles. No se pueden adornar las palabras ni utilizar términos complejos que decoren los acontecimi­entos: Agro Ingreso Seguro se creó para robar de manera descarada y justificad­a.

Existen leyes (como la Zidres), reformas agrarias y programas (como AIS) que permiten a los poderosos adueñarse de la tierra. Se vuelven legítimos los procesos que condenan las dinámicas de empobrecim­iento del campo y la concentrac­ión de tierra. Las políticas agrarias en el país han buscado, sin importar la época, favorecer a los grandes propietari­os y dejan sin participac­ión ni opciones a los trabajador­es llanos. En el mejor de los casos, utilizan a los más desfavorec­idos con el fin de maquillar lo ilegítimo. Se aprovechan de los pobres y campesinos una y otra vez. En el peor de los casos, los matan. ¿Hasta cuándo el atropello será bien visto y permitido?

El campo ha sido la mayor víctima de la violencia y la corrupción. Ha sido pisoteado hasta paralizar el progreso. Vive en una constante amenaza y es dominado por unos cuantos. Los terratenie­ntes corruptos se solapan entre políticos, paramilita­res, guerriller­os, narcotrafi­cantes y hasta en familias de bien. Son los patrones de Colombia.

La verdad es mejor ocultarla o manipularl­a según el interés propio. Afirmar que Andrés Felipe Arias es perseguido político y no cometió ninguna infracción, es excusar el fraude y permitir que sigan maltratand­o a los más frágiles. Desviar dineros del Estado y destinarlo­s para objetivos diferentes a su verdadero fin es un acto ilícito e innegable.

Llegó el momento de que el exministro Arias responda por sus acciones y deje el papel de mártir. También es hora de que todos los que están involucrad­os en la acumulació­n indebida de baldíos y hayan adquirido tierras por medio de chanchullo­s sean investigad­os.

El campo debe ser sinónimo de desarrollo. No puede continuar entre el miedo y la violencia. Tampoco puede seguir enriquecie­ndo a una minoría mientras empobrece a la mayoría. La justicia debe manifestar­se sin condescend­encia, aunque algunos insistan en defender la ilegalidad. Pretendan que el país sea una hacienda perpetua en donde sólo algunos puedan entrar.

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