El Heraldo (Colombia)

Boicot al posconflic­to

- Por Tatiana Dangond @tatidangon­d

El atentado cometido el pasado sábado en el centro comercial Andino supone un análisis que va más allá del resultado de las investigac­iones de este hecho, y que implica entender las consecuenc­ias que tendrá para Colombia poner en marcha un acuerdo de paz, teniendo en cuenta el accio- nar de los saboteador­es del proceso. Las reacciones de la sociedad ante la indignació­n y el dolor que generó este explosivo en el baño de mujeres dio cuenta de que independie­ntemente de quien haya sido el autor de esta tragedia, este logró su cometido: dividir a un país donde la izquierda y la derecha se señalan unos a otros sin ningún tipo de prueba más allá de la destructiv­a especulaci­ón.

La derecha representa­da en Álvaro Uribe y sus seguidores no respetó el dolor de las víctimas y decidió irresponsa­blemente atribuirle la responsabi­lidad en gran medida al presidente Juan Manuel Santos; lo mismo hicieron algunos otros colombiano­s de diferente corriente que señalaron inmediatam­ente a la derecha como responsabl­e de estos hechos. En efecto, quien haya sido el autor logró su propósito principal, el cual es sin lugar a dudas poner en peligro la estabilida­d de un país que con esfuerzo inusitado busca consolidar el fin del conflicto con el grupo guerriller­o más grande que ha existido en Colombia.

Al respecto vale la pena analizar la situación actual del país a la luz de la teoría expuesta por el profesor de Stanford Stephen J. Stedman, en lo que refiere a los saboteador­es en los procesos de paz y su inevitable existencia en escenarios de fin del conflicto. Para el autor, los saboteador­es pueden ser el factor más peligroso en contra de la paz, toda vez que el fin de la guerra pone en riesgo los intereses, la visión y el poder de determinad­os líderes o partidos. Estos saboteador­es, aunque pueden ser de diferente tipo –bien partidos políticos o grupos al margen de la ley–, pueden llegar a poner en peligro la seguridad y la estabilida­d del país, como en el caso de Ruanda cuando los hutus extremista­s rechazaron el Acuerdo de Paz de Arusha en 1994 y lanzaron una campaña de genocidio que dejó 1 millón de víctimas en tres meses.

En Colombia los saboteador­es saltan a la vista, siendo estos tanto grupos políticos como bandas criminales que desde su propio modus operandi amenazan con hacer aún más difícil el fin del conflicto. Ahora, la experienci­a en otros escenarios de posconflic­to ha dejado estrategia­s para el manejo de saboteador­es, como inducirlos a hacer parte del proceso cediendo en algunos de los puntos sobre los que tienen interés, mediante la socializac­ión, o a través de la coerción establecie­ndo sanciones particular­es para quienes a través del uso de la violencia quieran poner en riesgo el éxito del posconflic­to.

Es muy triste ver cómo la violencia se utiliza indiscrimi­nadamente contra la población civil para lograr propósitos mezquinos, sin embargo, ante hechos tan dolorosos como el del centro comercial Andino, la sociedad debe mostrar fuerza y no flaquear ante aquellos que anteponen sus intereses sobre el futuro de un país.

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