Máxima tensión en Venezuela
El ataque desde un helicóptero de la Policía contra el Tribunal Supremo ha elevado la crisis venezolana a una nueva fase de incertidumbre, en la que se podrían precipitar los acontecimientos en una u otra dirección.
La crisis venezolana entró el martes pasado en una nueva fase, cuando un helicóptero de la Policía Científica, pilotado por un agente de nombre Óscar Pérez, arrojó dos granadas sobre el Tribunal Supremo de Justicia. La nave exhibía una pancarta en la que se leía “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución que permite al pueblo rebelarse contra un régimen que vulnere los derechos humanos. El incidente, del que hasta ahora no se conocen suficientes detalles como para evaluar su alcance, provocó la reacción inmediata, y manifiestamente hostil, de Nicolás Maduro. El presidente venezolano afirmó que los responsables de la acción serán capturados “más temprano que tarde”, y añadió una frase que invita a los peores augurios para el país vecino: “Lo que no logremos con los votos, lo lograremos con las armas”. En pocas horas, la maquinaria de poder de Maduro ha redoblado su estrategia para aplastar los reductos de contestación que desafían al régimen chavista. Uno de esos focos de rebeldía es el que encabeza la fiscal general de la Nación, la chavista declarada Luisa Ortega, que, por ironías del destino, se ha convertido en uno de los principales azotes políticos del sucesor del comandante Hugo Chávez. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que ya no se preocupa por guardar las formas institucionales, ha aprobado dos sentencias polémicas en las últimas horas. Una de ellas arrebata amplias funciones a la Fiscalía General para ortorgárselos a la Defensoría del Pueblo, un órgano que se encuentra plenamente controlado por los círculos de Maduro. El otro fallo anula el reciente nombramiento del vicefiscal general y deja su designación en manos del Supremo, un tribunal que, como ya se ha señalado, responde a los intereses del Gobierno. La situación en Venezuela se ha tornado, pues, mucho más crítica de lo que ya estaba con anterioridad a los últimos episodios. Más allá de la discusión sobre la actuación del agente Pérez –el chavismo lo considerará una traición a la patria–; la oposición lo calificará de acto de heroísmo o, al menos, de reacción comprensible–, lo cierto es que estamos ante uno de esos hechos que podrían acelerar los acontecimientos y precipitar un desenlace en cualquier sentido. Lo único que esperamos, como amigos del pueblo venezolano, es que ese desenlace sea el menos doloroso posible. Y esto pasa por que Maduro acepte reconducir al país por los cauces de la institucionalidad democrática.
A juzgar por sus declaraciones incendiarias y sus acciones prácticas, resulta difícil creer que entrará en razón. Y si la OEA ha sido incapaz de aprobar una resolución en su contra, menos motivos tendrá Maduro para hacerse un examen de conciencia.
Si la OEA ha sido incapaz de aprobar una resolución en su contra, menos motivos tendrá Maduro para entrar en razón y reconducir a su país por la senda de la institucionalidad democrática.