Guatapé, Fundación
Hace algo más de tres años todos nos conmovimos por el incendio de un bus que transportaba niños en el municipio de Fundación, Magdalena. La tragedia, reflejada en el inimaginable horror que vivieron las treinta y tres víctimas y por supuesto en los terribles padecimientos de las familias afectadas, logró acaparar por varios días la atención de los medios de comunicación. El presidente de la República asistió al sepelio masivo, se anunciaron grandes acciones y reformas, y condenas ejemplares a los culpables. El año pasado efectivamente fueron condenadas dos personas, el conductor del vehículo y el pastor de la iglesia que había organizado la actividad que desembocó en ese triste evento, un parco asomo de justicia en un país tan habituado a una flagrante impunidad.
El fin de semana naufragó una embarcación en el embalse de El Peñol-Guatapé, en Antioquia, dejando como resultado siete víctimas mortales y dos desaparecidas, en un nuevo episodio de irresponsabilidad y desidia. Guardando todas las proporciones del caso, entendiendo que lo que sucedió en Fundación fue más atroz por el número y la naturaleza de los afectados, las circunstancias que motivaron ambos hechos son muy similares: el desdén por cumplir las normas por parte de los ciudadanos y la incapacidad por hacerlas cumplir por parte de Estado.
No lo he comprobado, pero estoy seguro de que en el momento en que escribo estas líneas, en Fundación y en el resto de nuestro país, cientos de buses siguen transportando niños sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad. De la misma manera puedo suponer que en muchos de nuestros lagos, mares o ríos, miles de personas se embarcan ahora mismo sin salvavidas en naves inseguras que no están sujetas a revisiones ni controles. Todos estamos permanentemente jugando con nuestras vidas de una manera francamente criminal y no parece importarnos mucho.
Sin duda quien tiene la principal responsabilidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos es el Estado. Para eso existe, para eso se recaudan impuestos, para facilitar la vida en comunidad y asegurar una equitativa distribución de los cuidados básicos a todos quienes lo conforman. Pero también cada persona debe asumir su parte en esta tarea, porque en un país pobre y aún en desarrollo como el nuestro pretender que ese Estado cumpla intachablemente con su deber es una fantasía nociva y probadamente mortal.
Por eso es tan importante el control ciudadano y la cooperación de todos. Solo así se podrá, mientras se fortalecen las instituciones, minimizar las posibilidades de repetir las tragedias que con tanta frecuencia nos enlutan. Que el dolor y el sufrimiento de estos casos, el de Guatapé y el de Fundación, nos motiven a perseguir una verdadera cultura de la prevención, el autocuidado y el control; pero también que su recuerdo incite a la censura y el rechazo de quienes ignoren las normas. Creo que solo mediante la activa participación de todos podremos propiciar un ambiente más seguro, mientras el Estado se pone al día y mejora su desempeño. Todo mi apoyo a los familiares de las víctimas de estos evitables y tristes accidentes.