Rescates bancarios a la carta
Desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008 los bancos no han dejado de darnos sustos y se han convertido en un quebradero de cabeza para políticos y reguladores en medio mundo. En Europa, la crisis financiera obligó a varios países, de Alemania a Portugal, a desem- bolsar ingentes cantidades de dinero para apuntalar a las entidades averiadas con el fin de que no provoquen un incendio de todo el sistema financiero. En España, la factura del Estado para socorrer a las antiguas cajas de ahorro se elevó a 60.000 millones de euros (unos 68.000 millones de USD).
Los dirigentes políticos prometieron cambiar las reglas de juego para que nunca jamás el contribuyente tuviera que correr de nuevo con el coste de rescatar un banco. Para ello se diseñó la unión bancaria europea, un proyecto todavía lejos de estar terminado. Se creó un supervisor europeo para los grandes bancos, se elevó la exigencia de reservas de capital como colchón para posibles crisis y se aprobó un procedimiento para garantizar el cierre ordenado de entidades fallidas.
A principios de junio, se presentó el primer caso real para aplicar el nuevo sistema. Banco Popular, la sexta entidad de España, arrastraba una losa de activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Los clientes perdieron la confianza en el banco y retiraron su dinero, lo cual provocó su cierre por falta de liquidez. De un día para otro, el nuevo supervisor europeo en Frankfurt liquidó el Banco Popular y lo vendió por el precio simbólico de un euro al Santander, el gigante financiero español, que asumió también todos sus activos problemáticos. Los accionistas y algunos tenedores de bonos lo perdieron todo, pero los depósitos de los clientes están a salvo y la operación no costó un euro al contribuyente. En Frankfurt, Bruselas y Madrid los dirigentes celebraron el buen funcionamiento del nuevo sistema.
El fin de semana pasada tocó el cierre de dos bancos regionales de Italia, Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, que fueron vendidos también por un euro a Intesa Sanpaolo, el número uno del país. A diferencia de España, sin embargo, el Estado italiano se queda con todos los activos problemáticos de las dos entidades, lo cual puede costarle hasta 17.000 millones de euros. Al margen de las explicaciones técnicas, se plantea la cuestión de cómo es posible que en Italia se pase la factura al contribuyente mientras que en España no.
Además de la disparidad de criterios que permite el nuevo –e inacabado– sistema, los críticos destacan que estos rescates solo fueron posibles porque se pudo recurrir a los respectivos líderes del sector, Santander e Intesa Sanpaolo. A largo plazo, esta solución plantea problemas de concentración de mercado, especialmente en aquellos bancos que ya se consideran como ‘too big to fail’ (demasiado grandes para caer). ¿Qué pasará si un día fracasa uno de estos bancos sistémicos? Más vale que los supervisores y gobernantes europeos se pongan de acuerdo sobre el procedimiento pronto.