Fiscalía ha presentado 89 solicitudes de prórroga para evitar salida de presos
La medida busca impedir que unos 160 presos queden en libertad por vencimiento de términos a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2016, el primero de julio.
El próximo primero de julio entra en vigencia la Ley 1786 de 2016, la cual señala que si cumplido un año de la medida de aseguramiento preventiva al procesado no se le ha resuelto su situación jurídica, este quedará en libertad una vez la solicite a través de su abogado defensor.
Esta situación fue dada a conocer el pasado 17 de mayo por EL HERALDO cuando se anunció que 360 presos en el Atlántico podrían quedar en libertad por vencimiento de términos, de estos 161 llevan más de dos años con medida intramural preventiva sin haber sido llevados a juicio.
Otros 30 internos llevan entre 18 y 24 meses sin haber sido llevados a juicio, mientras que 169 reclusos llevan entre 12 y 18 meses cobijados con medida de detención preventiva.
Para evitar la salida masiva de estas personas por vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación presentó al Centro de Servicios Judiciales 89 solicitudes de prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad hasta por un año, como lo señala la misma Ley 1786.
De estas 89 solicitudes de prórroga de las medidas de aseguramiento se han realizado 69 audiencias, en las que los jueces de control de garantías solo prorrogaron las medidas por un año en dos casos.
Las otras 67 audiencias de solicitudes fracasaron debido a que en algunos casos no se hicieron presentes los procesados o en su defecto sus abogados.
Ante esta situación le corresponde a la Fiscalía presentar nuevamente las solicitudes de prórroga de las medidas de aseguramiento preventivas para que sean programadas en el Centro de Servicios Judiciales.
Las solicitudes presentadas por la Fiscalía son para delitos como homicidio agravado, acceso carnal con menores de edad, peculado por apropiación, concierto para delinquir, extorsión, tentativa de homicidio, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y secuestro extorsivo.
FALTA DE PERSONAL. De acuerdo con Luz Marina Lobo, presidenta seccional de Asonal Judicial, la problemática ha sido denunciada “abiertamente” durante los ceses de actividades en los que le han exigido al Gobierno nacional la ampliación del presupuesto para la rama judicial.
“Precisamente es por estas circunstancias que no tenemos personal suficiente, ni fiscales ni jueces. Tenemos la misma planta de personal desde hace 15 años y sucede que no vamos a poder eva- cuar el sinfín de peticiones que nos llegan”, dijo la funcionaria judicial.
La directiva sindical señaló que hacen falta unos 50 fiscales con sus respectivos asistentes, e igual número de jueces, ya que en un mes, según Lobo, se pueden presentar hasta 200 solicitudes de audiencias.
ESTRATEGIAS DE ABOGADOS. La Fiscalía informó por su parte que por directiva del despacho del Fiscal General “hay que presentar todas las solicitudes de prórroga de las medidas de aseguramiento preventivas. Además se están haciendo permanentemente mesas de trabajo con el Consejo Seccional de la Judicatura para la programación de las audiencias, a fin de evitar las excarcelaciones”.
La Dirección Seccional agregó que “no obstante, hay que tener en cuenta que algunos defensores utilizan como estrategia, para que se venzan los términos, no acudir a las audiencias. La Fiscalía es solo una parte del proceso”, concluyó.
La magistrada Claudia Expósito, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, informó que se han tomado unas decisiones para “amortiguar en algo la situación”, como son las prórrogas de unas medidas de aseguramiento.
“Hay situaciones que se nos escapan de las manos, son factores que obedecen a vicisitudes del sistema, pero se han tomado medidas para conjurar la situación”, dijo la magistrada.
Expósito indicó también que todas las solicitudes de prórrogas de medidas de aseguramiento preventivas fueron programadas hasta el 30 de junio, pero si no se pudieron celebrar “se nos escapa de las manos”.
‘PLAN DE CHOQUE’. La Policía Metropolitana informó que para evitar la salida masiva de los presos de las cárceles puso en marcha un ‘plan de choque’, notificándoles otros delitos.
“A varios de ellos se ha logrado devolver nuevamente a las cárceles, de los cuales se destacan personas que tenían antecedentes y por vencimiento de términos salían. Y casi pisando la calle directamente se les notifica de otra orden de captura por otros hechos delincuenciales y criminales en los cuales han participado y se han devuelto a las cárceles”, manifestó el general Mariano Botero Coy, comandante de la institución.