Comandante de la Policía de Sucre interpone tutela al Inpec
SINCELEJO. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sincelejo empezó a cursar una acción de tutela que el comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Julio César Sánchez Molina, instauró contra la directora de la cárcel La Vega, Martha Lucía Fernández Sánchez.
A través de este mecanismo judicial el oficial pretende que el Inpec, que lleva más de 100 días en Plan Reglamento, le reciba los más de 120 presos que están distribuidos en las estaciones de Policía del Departamento, además de los que están en la URI en Sincelejo, pues no cuenta con suficiente personal policial que cumpla funciones de custodio, además exige el respeto de derechos fundamentales a la vida, la dignidad, la salud y la seguridad tanto de los detenidos, de los uniformados y de la comunidad en general.
En el escrito de más de 10 folios el coronel Sánchez Molina le hace saber al juez que desde el 16 de enero del año en curso notificó a los alcaldes de Sucre, así como a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional, que debía haber un plan de contingencia carcelaria, pero su voz parece internos de la Cárcel La Vega están con detención domiciliaria, y un centenar ha quedado libre por vencimiento de términos.
Busca que le reciban los más de 120 presos que están en las estaciones.
Cárcel La Vega cuenta con 958 internos y está en hacinamiento.
no haber tenido eco porque hoy sus estaciones están hacinadas.
También le hace saber al Juez que en sentencia del 31 de mayo del año 2016 el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, por hechos similares, dijo que “no es función de la comandancia de la Policía de Sucre custodiar a retenidos y condenados al interior de sus instalaciones y por tanto se le recomienda se abstenga de retener por más de 36 horas a estas personas sindicadas y/o condenadas por la comisión de un delito dentro de sus estaciones policiales”.
El comandante de la Policía Nacional en Sucre también se refiere en la tutela al riesgo al que los uniformados y hasta sus familias están expuestos teniendo en sus instalaciones a personas que están relacionadas con el Clan del Golfo, organización armada ilegal que le ha decretado el ‘plan pistola’ a los policías en el país.
Ante la vigencia del Plan Reglamento es la Policía Nacional con sus hombres, sus vehículos y su combustible la que debe hacer la distribución de los alimentos a los reclusos que tiene en les estaciones. Para esto hay disponibles 60 uniformados que le restan a los servicios de seguridad en las calles donde hay una cárcel paralela que es mayor a la intramuros, pues en La Vega hay 958 internos y fuera de ella, con algún tipo de medida existen 1.631 personas, más un centenar que ha quedado en libertad por vencimiento de términos.