La cruda radiografía de la niñez en Colombia
La responsabilidad no solo es del Estado y familias, sino de toda la sociedad, dice analista El país es el cuarto con la más alta tasa de homicidios de niños Casi 28 millones de menores huyen de sus hogares.
El panorama de la niñez en el mundo no es nada alentador: más de 75.000 niños asesinados desde 2015, 168 millones participan en trabajo infantil, casi 28 millones huyen de sus hogares (11 millones son refugiados y solicitantes de asilo y 17 millones son desplazados internos), 156 millones de menores de 5 años padecen retraso en su crecimiento, entre otras estadísticas contenidas en el Informe Mundial sobre la Infancia, de la ONG Save the Children.
Y dentro de este escenario Colombia no resulta ilesa. Está en la quinta posición entre los 10 países donde los niños sufren más por el conflicto (con base en datos de Unicef sobre desarraigados). Es, además, el cuarto entre los 10 con las tasas más altas de homicidio infantil, después de Honduras, Venezuela y El Salvador, y seguido de Brasil, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá y Belice, un lamentable ranking constituido por territorios de América Latina y el Caribe.
Durante 2016 fueron asesinados en Colombia 682 menores de edad y, de acuerdo con informes entregados a los medios de comunicación por el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y marzo de este año ya había 332 víctimas de este delito.
“(...) todos los días, más de 200 niños y niñas en el mundo mueren asesinados. Los países latinoamericanos Honduras, Venezuela, El Salvador y Colombia tienen las tasas de homicidio infantil más altas del mundo como consecuencia del aumento de los niveles de violencia”, dice Save the Children en su informe.
El dato más reciente correspondiente al Atlántico indica que en 2015 fueron asesinados en este departamento 43 menores de edad, distribuidos por ciclos de vida así: 2 de primera infancia, 2 de infancia y 39 en adolescencia.
LA VIOLENCIA SEXUAL TAMBIÉN LOS GOLPEA. Otro reporte de Medicina Legal da cuenta de que entre enero y abril de este año fueron valorados en sus instalaciones, como presuntas víctimas de delito sexual, 5.831 niños y adolescentes. De estos casos 4.961 correspondieron a niñas. En Atlántico fueron 285 las valoraciones, de las cuales 241 fue a niñas.
Una situación que igualmente ha sido objeto de debate nacional se centró en el departamento de La Guajira, donde en 2016 fueron reportados 90 menores muertos por desnutrición. Este año, hasta mayo pasado, iban 12 casos.
Haciendo un análisis de estas condiciones, la abogada con maestría en Menores en situación en desprotección y conflicto social Jennifer Castillo Bolaños explica que uno de los obstáculos que presenta la Convención de los Derechos del Niño de 1989 –de la cual Colombia hace parte–, es que sus pronunciamientos no disponen de la fuerza vinculante para la garantía de la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Anota que con la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) se adecuó la legislación interna a los postulados de la Convención, pero desde la Constitución de 1991, en el artículo 44 se reconocían los derechos fundamentales de los niños y niñas, como la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, un nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y el amor, la educación y la cultural, la recreación, la libertad de expresión de su opinión, se establece su protección a toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
“En Colombia –advierte Castillo–, no solo son responsables el Estado y las familias, sino también es corresponsable la sociedad de su protección, que tiene una garantía de ser especial guiarse bajo el principio del interés superior, el cual en algunas ocasiones podría verse afectado por las facultades discrecionales de las autoridades a sean administrativas o judiciales”. Por ello plantea la necesidad de que las autoridades tanto administrativas como judiciales guíen sus decisiones bajo los criterios de la garantía del desarrollo integral, de las condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales y de la protección ante riesgos.
Otro problema que afecta a la niñez es la explotación laboral. Estudios realizados por el sociólogo e investigador de la Universidad Simón Bolívar Edgardo Passos Simancas indican que en el país hay más de 1.396.000 menores de edad afectados por este tema.
“Son menores dedicados, en un 35%, a actividades como vendedores callejeros de carácter informal, un 30% se desenvuelven como ayudantes de buses, el 20% se dedican a labores domésticas, el 10% están vinculados a actividades sexuales y un 5% a otras labores como carretilleros en mercados de abastos, almacenes de cadena o en supermercados; tapando huecos en la calle, malabaristas en los semáforos, ayudantes en las construcciones, alfarerías y cerrajerías; limosneros, limpia vidrios, y en algunos casos dedicados a la venta de minutos”, detalla.
En concepto del investigador son cifras alarmantes que muestran la lamentable realidad de muchos infantes y adolescentes obligados, en la mayoría de los casos por sus padres, a vincularse tempranamente a la vida laboral, cuando deberían ser ellos los directos responsables de su sostenimiento y formación integral.
Así mismo, un estudio del investigador Passos con la Universidad Simón Bolívar, a través de un proyecto denominado ‘Dejen la Vaina Hombee’, analiza las implicaciones de la explotación sexual infantil en la Costa Caribe colombiana; problema que califica que de grandes dimensiones, que indica una desintegración de la cultura y sus valores como determinantes en la formación de la juventud.
“La explotación sexual de niños no es un fenómeno exclusivo de la Costa Caribe, ni mucho menos representativo de una u otra región del país o del mundo, ya que en la medida en que se desarrolla su dinámica, se hayan implícitos factores o variables que trascienden de un contexto social particular o de una clase socio-económica determinada a un grupo social específico”, manifiesta.
“La explotación sexual de niños no es un fenómeno exclusivo de la Costa Caribe”.
EDGARDO PASSOS SIMANCAS Sociólogo e Investigador