“La salud en Colombia está en cuidados intensivos”
Esta frase es del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hijo de médico, con deseos de haberlo sido, quien tiene la idea de realizar un gran pacto nacional por la salud, y la recuperación de la tutela como el mejor medio para que se cumpla el derecho fundamental a la salud, para todos los colombianos. La verdad es que la salud es un derecho fundamental contenido en la Constitución desde hace mucho tiempo. Como muchas leyes en Colombia y desde la Colonia muchas leyes se obedecen, pero no se cumplen, seguimos igual. En cambio, se archivaron las propuestas de reforma, por conveniencias políticas y para no tocar intereses económicos, de grandes empresas y personas, ya claramente demostrados, para volverla solo un negocio, en donde quienes siguen sin ser atendidos son los pacientes, a pesar de los aumentos de los aportes presupuestales para la salud, no llegando a las personas con bajos recursos, que no tienen conocimiento de sus derechos o imposibilitadas por múltiples razones, educación, medios de comunicación, servicios públicos, etc. Estos se cansan con largas esperas para ser atendidos, a pesar de la solidaridad de muchos ciudadanos que confiamos que al descontarnos altas sumas podemos ayudar. Pero, por el contrario, utilizadas para ser vilipendiadas en un sistema corrupto, cada vez más deshumanizado, incompetente, que desde hace mucho tiempo, y a pesar de haber tocado fondo, no es sometido a una evaluación, análisis y cambios estrictamente necesarios de hacer. Sin haber podido cumplir con la población actual, se agrega la imposibilidad de una nueva población desarmada e inerme que seguramente de cualquier otra forma volverá a la guerrilla. Solo la justicia social transformará uno de los países más inequitativos del universo a una paz duradera.
El procurador Carrillo responsabiliza a las EPS de las deficiencias del sistema. En parte tiene razón, pero ha sido el gobierno quien lo ha permitido, sin una EPS ni IPS pública que sirva de modelo, no cumpliendo con sus funciones, obligando a los pacientes al uso masivo de la tutela. Dice el procurador: “Este derecho prácticamente es hoy inocuo, porque el sistema no puede atender miles de tutelas que se presentan diariamente en el país. Acusa a las ESE de corrupción y al sistema general de salud del país de la crisis que el sector padece. “No es una exageración decir que las deficiencias de la salud matan más gente que la guerra”. Cierto, procurador, pero si no actúa en este momento, será usted participante indiferente de la destrucción del Estado de derecho. Revise cuáles son estas instituciones delincuenciales, y sancione a las personas involucradas, ya que si los muertos por la guerra no se saben, los de la salud menos.
La tutela ya no resuelve la mayoría de los casos, y hace que el sistema se vuelva perverso y los dueños de las EPS la recomienden para sus propios beneficios, no los de los pacientes, se demoran las respuestas, gastan menos y los pacientes se mueren y se complican. Mucho podrían hacer las ‘ías’: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría o Defensoría, con mano dura, eficiencia, seguimiento y cumplimiento. “Vamos a hacer cumplir la Ley Estatutaria de Salud, a exigirles a las EPS que reconozcan las prestaciones de servicios a las que tiene derecho la gente, y vamos a examinar los casos en que las EPS nieguen injustificadamente los servicios de salud.
El procurador propone en el pacto por la salud el cumplimiento de deberes, obligaciones y responsabilidades en materia de seguridad social y salud. El pacto sería del Gobierno, Congreso, jueces, médicos, directores del clínicas, hospitales, IPS, EPS, usuarios y pacientes, todos avanzando en la misma dirección. Que Dios lo oiga, procurador. No sé quiénes estarán dispuestos a entregar, tanto poder como riquezas, sino mire cómo se pelearon recientemente el botín de Saludcoop.
Ojalá estos comentarios llegaran algún día a los oídos del procurador, y poder tener respuesta a la célebre frase del Chapulín, “ahora, ¿quién podrá salvarnos?”