¿Debe el Concejo de Barranquilla dar un debate sobre el caso de la Triple A?
Juan Camilo Cifuentes instó a la Corporación para que haga un proceso de “memoria” sobre la situación de la empresa y el Distrito Otros cabildantes no apoyaron su iniciativa.
Posiciones encontradas se escucharon este miércoles entre los cabildantes del Concejo Distrital de Barranquilla, cuando en la sesión plenaria que se llevó a cabo por alrededor de una hora, el concejal del Partido Conservador Juan Camilo Fuentes expuso una proposición aditiva en la que le solicitó al cuerpo colegiado adelantar un proceso de “memoria histórica” para esclarecer ante la opinión pública el claroscuro que “representa la pérdida accionaria del Distrito en la empresa de servicios públicos Triple A”.
Según insitió, “Barranquilla merece saber la historia de qué pasó con la Triple A. Saber cómo pasó el Distrito de tener el 85 a solamente el 13% en la participación accionara. Hay unos casos de corrupción en España, hay 12 personas detenidas de la comunidad de Madrid, pero aquí en la ciudad y en Colombia no ha pasado absolutamente nada”, afirmó el joven concejal en su intervención.
Y puntualizó: “Por eso, en la próxima sesión, radicaré una proposición para que aquí se haga un recuento histórico; para que a este Concejo venga la gerente de la Triple A y explique, muestre las actas en las cuales se hicieron las capitalizaciones y las inversiones de capital. Esto es un tema de ciudad, un tema importante, este Concejo no puede ser ajeno al mismo”.
Seguidamente, una vez Fuentes finalizó su exposición, el debate se encendió.
LA OPOSICIóN. Juan Ospino, cabildante por el Partido de la U, sentó su posición y afirmó que no apoyaría una iniciativa con ese “enfoque”, pues, si bien comparte el hecho de que debe informarse a la ciudadanía sobre lo sucedido, “el Concejo debe tener una actuación responsable con relación a su competencia”.
Para Ospino, la Corporación puede dar un debate sobre ese tema siempre y cuando se enfoque en los aspectos que la Constitución Política le ciñe a la misma, es decir, el control sobre “la prestación del servicio; la calidad del mismo y la estructura, en algunos aspectos, tarifaria”, los cuales, indicó,“es necesario diferenciarlos de los elementos jurídicos en que se encuentra inmerso esta empresa”.
El cabildante también indicó que el mismo Concejo se encuentra en las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales por los hechos del caso Triple A, de manera tal que “se ha visto a la Fiscalía y a la Procuraduría estar requiriendo documentos y audios a la presidencia del Concejo”, indicó Ospino.
“Nosotros no podríamos quedarnos en un papel de juez y parte, porque aun cuando no seamos los mismos actores de años atrás de alguna manera la institución como tal sí está involucrada en estos aspectos”, puntualizó el concejal.
LOS APOYOS. La posición de Ospino fue apoyada por el presidente del cuerpo colegiado, José Cadena, quien reafirmó que el Concejo solo podría dar el debate siempre y cuando se relacionase con los temas de su competencia: “Los servicios, tarifas, e, inclusive, el mismo organigrama de la empresa”.
“Nosotros no somos autoridades judiciales de Colombia. Esas son facultades únicas y exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación”, señaló Cadena, quien presidió la sesión.
Entre tanto, el apoyo a Fuentes estuvo por los lados de los concejales Luis Zapata, del paritodo de la U y José Trocha, de Cambio Radical, quienes afirmaron respectivamente que era necesario abrir el debate sobre el tema, y que, en caso de ser necesario, se volverían a presentar los cuestionamientos que en su momento ya se le habían presentado a la empresa sobre los estados financieros de la misma.
Al finalizar la sesión, Fuentes reiteró que era consciente que el Concejo no era una autoridad judicial ni con jurisdicción penal, pero recal- có que a pesar de ello, el debate debe darse al interior del cuerpo colegiado.
HABLA LA ACADEMIA. El HERALDO consultó a Adriana Algarín, experta en rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia sobre este debate, quien afirmó que “frente a las denuncias sobre la pérdida del control accionario que tenía el Distrito sobre Triple A, es bienvenida la proposición del concejal Fuentes”. Según indicó, ello en razón a que “el Concejo tiene la potestad para ejercer control político sobre la gestión hecha por la Alcaldía en el manejo de los recursos públicos”. “En ese caso, sería importante un llamado no solo a la gerencia de la empresa en la cual el Distrito tiene acciones sino también de algún funcionario que pueda responder por lo sucedido en años anteriores”.
“Si bien dicho detrimento fue anterior a la gestión de la actual administración, la Alcaldía como institución debería poder dar respuestas”, afirmó la académica.
Algarín finalizó: “Por otra parte, y aunque habría que verificar si en efecto el Concejo está siendo investigado, el control político al que invita el concejal conservador no desconoce ni debe generar ningún tipo de competencia con las investigaciones que está llevando a cabo Fiscalía y Procuraduría”.
“Hay unas preguntas que queremos que la empresa conteste”.
“El Concejo debe ser responsable con su competencia”.