Promigas busca tumbar fallo que ordena pago de $3.700 millones
La empresa barranquillera presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.
La empresa Promigas presentó ante el Consejo de Estado una acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, con la que busca dejar sin piso el fallo de este organismo que la obliga a pagar $3.700 millones a los afectados por un atentado de las Farc al gasoducto Ballenas-Barranquilla en 2001.
Con la acción presentada, Promigas también solicita que se suspendan provisionalmente los efectos de la sentencia del Tribunal, hasta que no quede ejecutoriado el fallo de la tutela, pues de acuerdo con las fechas establecidas, el pago de los $3.700 millones debería hacerla antes del 14 de julio de 2017.
En la solicitud presentada, los abogados de Promigas explican que una vez realizado el pago y entregado a los reclamantes, en el evento que se conceda el amparo constitucional (fallo favorable de tutela a la compañía), sería “imposible” para la empresa recuperar el dinero.
La compañía barranquillera de transporte de gas señala que el fallo en su contra, que además es el primero en el país que condena a una empresa privada a responder económicamente por un atentado terrorista, “vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al buen nombre y al acceso a la justicia”. fue el año que las Farc cometieron el atentado contra el gasoducto Ballenas-Barranquilla, a la altura del sector El Patrón cerca a Riohacha. LO QUE PIDE PROMIGAS. El fallo pide al Consejo de Estado declarar que con su sentencia, el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira desconoció los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la igualdad y al acceso a la justicia de la empresa.
Solicita que se “tutelen” estos derechos fundamentales teniendo en cuenta que la empresa está expuesta a sufrir un perjuicio grave e irremediable, al estar obligada a pagar una “elevadísi- ma indemnización de unos perjuicios de los cuales no es responsable”.
Igualmente pide que se ordene al Tribunal de La Guajira, decidir nuevamente sobre la responsabilidad de Promigas en los daños sufridos por los integrantes del grupo reclamante y determinar que a la compañía no le es imputable responsabilidad.
Ello por tratarse de “única y exclusivamente de un hecho delincuencial de las Farc y por la omisión del municipio de Riohacha en el cumplimiento de sus deberes y funciones en el ordenamiento del territorio y planeación urbana, que configuran una causa extraña”.
UNA DECISIÓN POLÉMICA. El fallo contra Promigas, emitido en segunda instancia por el Tribunal de La Guajira, ratificando a sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha, fue favorable a Luis Carlos Martínez, quien promovió una acción de grupo para que la compañía y el Minminas respondieran de manera solidaria por las perjuicios materiales y morales que ocasionó el atentado.
La explosión del gasoducto dejó 7 personas muertas y daños materiales en la zona El Patrón, en las afueras de Riohacha en La Guajira.
Luego de conocer la decisión judicial los gremios económicos de la región y el país expresaron su rechazo y preocupación porque en su opinión “afectaba la estabilidad jurídica de las inversiones en Colombia”.
Además los dirigentes empresariales aseguraron que no consideraban “lógico” que una compañía debiera pagar por un atentado cometido por las Farc y cuyo autor material ya fue condenado, en su momento. El Gobierno nacional trabaja en el diseño de un marco normativo con reglas claras para todos los prestadores de servicios del sector de turismo, incluyendo a las plataformas digitales.
Para ello el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde el 2016, avanza con los gremios del turismo y otras entidades, en la construcción de una reglamentación que facilite la protección del consumidor.
“Trabajamos en dos sentidos, uno con las mesas de trabajo con Airbnb para establecer los parámetros de su formalización en Colombia y el otro, con todos los gremios para establecer la política que definirá el marco para lograr una buena y efectiva regulación”, dijo la ministra María Claudia Lacouture.
Aseguró que quien preste servicios turísticos en Colombia, debe cumplir la normatividad vigente, sin importar el mecanismo de comercialización de sus productos. LMM