La fiscal que puso en jaque a Maduro
Se llama Luisa Ortega Díaz y recientemente afirmó que en Venezuela se produjo un golpe de estado más grotesco que el de Carmona. El Tribunal Supremo la acusa de abuso de poder.
Últimamente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha pasado a ser la estrella mediática número uno en el firmamento político del hermano país. Declaró en público que en Venezuela “se ha roto el orden constitucional” por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la sentencia del 29 de marzo, en uno de cuyos apartes dice: “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala, o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Esta posición asumida por el TSJ causó revuelo mundial debido a las consecuencias políticas que conlleva, las mismas que llevaron a la fiscal Ortega a declarar la ruptura del orden constitucional. En otras palabras: un golpe de estado pacífico. En sentencias casi inmediatas el TSJ revocó los dos puntos que usurpaban los poderes de la Asamblea Nacional en favor de este órgano judicial. Así, quedó expuesta una vez más la no existencia de independencia de los poderes.
En otra oportunidad, Ortega Díaz, evidencias en mano, demostró en público que el joven estudiante Juan Pablo Pernalette Llovera, de 20 años, no fue asesinado por sus compañeros con una pistola de perno activo, como informó el ministro de comunicaciones e información, Ernesto Villegas. La fiscal señaló que el joven Pernalette sufrió “un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, al ser impactado por un cilindro de bomba lacrimógena”, coincidiendo con las declaraciones de familiares y amigos presentes el día de los sucesos.
La fiscal hizo un llamado a las autoridades para que los funcionarios encargados de mantener el orden público tuvieran “la preparación necesaria, la competencia, la actitud mental y física para la contención de hechos violentos”.
FIRME POSICIÓN. El pasado martes 4 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia se reunió para estudiar la demanda en contra de Ortega Díaz, interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien le atribuyó varias faltas cometidas. Asistieron la Sala Plena, el diputado Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el contralor general Manuel Galindo y un defensor de oficio nombrado por el TSJ.
La fiscal general no asistió a la Sala Plena argumentando que su asistencia “convalidaría un circo que teñiría la historia de Venezuela de vergüenza y dolor. La decisión está cantada y no los reconozco, no he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo. Quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades. Todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional. Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”. Lo último hacía alusión al golpe fallido contra Hugo Chávez en 2002.
¿DESTITUCIÓN?. Ortega Díaz sabe que son los primeros pasos para su pronta destitución que, posiblemente, se llevará a cabo en los próximos días. El TSJ, también de forma inconstitucional, nombró una nueva vice fiscal, Katherine Harrington, quien está en la lista con los funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, acusada de violación de los derechos humanos. Sus bienes y cuentas bancarias fueron congelados, y prohibida su entrada a territorio estadounidense. Ya se habla en los corrillos políticos de que Harrington sería la Fiscal de bolsillo que Maduro quiere imponer en el Ministerio Público. El pasado jueves no pudo entrar al despacho de la fiscalía, pues Ortega se opuso.