Ley de burlas
El gran titular de hace unos meses en Barranquilla era el de asaltos, robos y atracos. Frente alas demandas de una ciudadanía que ya no podía con tanta inseguridad, la Policía Metropolitana aumentó las capturas y las detenciones en flagrancia y previno, finalmente, la comisión de delitos.
Hoy estamos ante nuevos encabezados que hablan de la libertad masiva de delincuentes y de un ambiente de impunidad que poco a poco se estaría apoderando de Barranquilla.
El dato que tiene el Observatorio del Delito de la Sijín es revelador: durante lo corrido del año han sido capturados 3.978 presuntos delincuentes, de los cuales 260 están en una prisión efectiva, y 511 en una casa por cárcel que, como ya sabemos, no tiene mucho control oficial. Los otros 3.207 recobraron la libertad.
La cifra es aterradora: de cada 10 capturados, 8 quedaron libres.
Estamos hablando de una situación muy grave. ¿Recuerdan los altos índices de inseguridad que hubo en Barranquilla en el mes de enero? Pues coincidieron con la salida de la cárcel de 72 delincuentes con antecedentes penales.
La mayoría de los homicidios que sucedieron entonces en Barranquilla fueron producto de la acción de estos delincuentes o contra ellos.
Si hoy no hemos vuelto a vivir una situación parecida es justamente por la permanente acción de la Policía
¿Por qué está pasando todo esto?
Con el propósito de descongestionar los juzgados y contener el hacinamiento de las cárceles, la Ley 1760 de 2015 que está entrando en vigencia estableció 120 días como plazo máximo para el inicio de la audiencia de juzgamiento de un capturado.
Aquí empiezan a surgir los problemas, porque un juez que maneja, como en Barranquilla, 1.000 procesos, algunos de los cuales implican investigaciones de meses y años, definitivamente no puede administrar esos tiempos perentorios. Entonces se configura una situación jurídica que resulta tenebrosa: el vencimiento de términos.
Es claro que nuestros jueces no dan abasto. Lo que estiman las autoridades es que en los próximos días saldrán, por esa razón, 400 presos en la ciudad. Las cifras de homicidios del pasado fin de semana tienen que ver con eso.
La población de Barranquilla ha crecido pero tenemos el mismo número de jueces de hace veinte años. Apenas 31 en total –uno por cada 40.000 habitantes– de los cuales 17 son de control de garantía y atienden de 10 a 20 audiencias diarias.
Evidentemente necesitamos más jueces, pero la acción de la Justicia tiene que estar más articulada con la de la Policía, por la razón más simple de todas: el enemigo está en la calle.
Los jueces deben afinar también los elementos que vinculan a la persona capturada con la conducta punible y revisar el riesgo que implica para la sociedad, las víctimas probables y el proceso mismo.
Porque de ellos esperamos que apliquen la ley con todo su rigor, sin olvidar que la prudencia es, entre todas, la más importante de todas las leyes. albertomartinezmonterrosa@gmail.com