Electricaribe usó $78.500 millones de subsidios para disminuir sus pérdidas
Un informe de la Contraloría analiza las pérdidas de la empresa, las inversiones no realizadas en el Plan 5 Caribe y le da el visto bueno a la gestión del agente interventor.
BOGOTÁ. Un informe de actuación especial de la Contraloría, fechado en el presente mes de julio de 2017, advierte que Electricaribe utilizó más de $78.500 millones que eran para subsidiar alrededor de 600 mil usuarios de estratos 1 y 2, con un objeto presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas.
El asunto funcionaba así, de acuerdo con el informe conocido en primicia por EL HERALDO: a un usuario atlanticense, por ejemplo, se le aplicaba un descuento por subsidio del Fondo de Energía Social, Foes, de solo 19.78 pesos, cuando tenía derecho a recibir 1.978 pesos, resultantes de multiplicar su consumo de 43 kilovatios por hora por los 46 pesos que establece la ley. No obstante, los 1.958.22 de diferencia, Electricaribe los restaba en la factura al ítem de ‘aporte empresa’, concepto que reflejaba las pérdidas de la compañía.
Y el usuario no se daba cuenta porque la empresa presentaba en las facturas del usuario los valores del beneficio FOES y del subsidio a la tarifa, proveniente del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso, FSSRI, en forma global y no discriminaba el supuesto beneficio.
FACTURAS AFECTADAS. En el informe de 37 páginas, en el que se analizaron un promedio de 800 mil facturas mensuales expedidas durante 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas, el organismo establece que “$78.500 millones que empleó la empresa con el objeto de disminuir sus pérdidas provienen del subsidio otorgado por el FOES, que deben ir destinados para aliviar al pago de la factura de energía de los usuarios de menos recursos de usuarios de estratos 1 y 2”.
El documento señala, además, que esta cifra corresponde al 99% del beneficio FOES que debieron recibir los usuarios afectados que hacen parte de la población más pobre, en este caso de los siete departamentos de la Costa Atlántica. Es decir, mensualmente la empresa española afectó entre el 64% y el 80% de la facturación de estas, un porcentaje que equivale, según el reporte, a cerca de 600 mil usuarios mensuales.
A FISCALÍA Y PROCURADURÍA. El contralor general, Edgardo Maya Villazón, anunció que dará traslado de este hallazgo a la Fiscalía y Procuraduría, al tiempo que ordenó realizar nuevas acciones de control para investigar vigencias correspondientes a los cinco años anteriores a 2015.
La auditoría concluye que “al revisar en detalle la aplicación individual del subsidio a los usuarios durante los años 2015 y 2016, se encontró que al asignar el beneficio FOES en su sistema de facturación, Electricaribe desconoció la esencia del subsidio, que es aminorar el valor de la obligación a cargo del usuario en su factura y a cambio lo destinó a disminuir sus pérdidas”.
USUARIO ASUMÍA FALTANTE. En el reporte, elaborado por el contralor delegado para Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, se pone de presente que el usuario afectado debía por ende asumir el pago que iba a las pérdidas de la española: “con esta práctica de la empresa, el usuario debe asumir en su valor a pagar el valor del FOES no aplicado, lo que conlleva que el objetivo del subsidio FOES, de disminuir el valor a pagar por parte del usuario, se vea significativamente disminuido y en consecuencia se produce una mayor erogación a cargo del usuario”.
El ente de control fiscal reclama por ello que “Electricaribe, actuando en contravía de los objetivos planteados en la política pública, entre ellos, el de subsidiar el valor del consumo de la energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, y en zonas subnormales urbanas, es decir de los usuarios más pobres del país, desconoció las normas que regulan la aplicación de estos subsidios y utilizó un procedimiento no autorizado en perjuicio de estos beneficiarios y en favor de la empresa”.
Como resultado, la Contraloría evidencia “un daño al patrimonio público” correspondiente a “una desviación de estos recursos” que finalmente se aplicaron para menguar parte de las pérdidas que debe asumir la empresa y para cuyo control la ley tiene establecido instrumentos y procedimientos diferentes.
EN LOS MUNICIPIOS MÁS POBRES. El organismo revisor hizo el ejercicio de tomar una muestra en siete municipios con alto índice de necesidades básicas insatisfechas, de alrededor del 50 por ciento, “para realizar un análisis de la magnitud del impacto de esta aplicación indebida de los recursos en los usuarios”.
Se encontró así que en Ponedera, Atlántico, donde se analizaron 98.455 facturas, había un total de 83.622 facturas con anomalías, lo que representa el 85 por ciento de las facturas, arrojando un valor de diferencia de 443 millones de pesos; lo mismo que en Villa Nueva, Bolívar, donde se detectaron irregularidades por 411 millones; en Pueblo Bello, Cesar, por 93 millones; en Canalete, Córdoba, por 280 millones; en Uríbia, La Guajira, por 281 millones; en San Zenón, Magdalena, por 117 millones y en Majagual, Sucre, por $868 millones.
“Se calculó una afectación en contra de los usuarios de estos siete municipios que asciende a 2.495,5 millones de pesos, cifra representativa al compararla con los presupuestos de estos municipios y las necesidades de sus habitantes en especial aquellos de los estratos 1 y 2, afectados directamente con el procedimiento antes referido”, indica el informe.
LO QUE CONTESTÓ LA EMPRESA. Electricaribe, ante el requerimiento del ente de control, presentó argumentos que, de acuerdo al reporte, “no desvirtuaron el fondo de la observación”.
Lo primero que respondió la empresa fue que “la Contraloría no consideró en su integridad el marco normativo aplicable a la prestación del servicio en zonas especiales”. Además, arguyó la española que “el cierre financiero de las empresas puede realizarse con recursos de la Nación”.
Adujo también que hubo una “revisión de los recursos Foes en auditorías anteriores al Ministerio de Minas y Energía, sin observaciones por parte de la Contraloría”. Asevera que hubo “una presunta violación al debido proceso y del derecho a la defensa”.
Y, por último, Electricaribe anunció “pruebas de fallos judiciales que no fueron allegados en la comunicación” y solicitó “acceso al sistema y método utilizado para por la Contraloría para obtener las conclusiones”.
LA ACTUACIÓN ESPECIAL. El informe de la actuación especial, dirigido al agente especial de la intervenida Electricaribe, Javier Lastra, pone de presente que la averiguación se inició el 10 de enero pasado, cuando se encargó una evaluación de la gestión en la administración de los recursos públicos de la empresa y del agente especial.
En suma, se analizó la eficacia de los recursos públicos asignados al Plan 5 Caribe, de junio de 2015 a diciembre de 2016, los recursos públicos del Prone, Faer y Foes. Y la intervención desde noviembre 14 de 2016 a marzo de 2017.
En cuanto a la inversión de los recursos públicos, concluyó la Contraloría que “el análisis realizado del comportamiento patrimonial de la entidad de la vigencia 2012 a 2016 se observa una pérdida significativa acumulada por $741.056.228, reflejando una reducción del patrimonio con respecto a su capital social, con lo cual se concluye que la inversión minoritaria del Estado en la compañía no ha generado rentabilidad alguna”.
Sobre el Plan 5 Caribe, que presentaba inversiones por 4,3 billones de pesos para 394 proyectos en cinco años, con el objeto de mejorar la calidad, la confiabilidad del servicio y poder atender el crecimiento de la demanda, señala el documento que Electricaribe estaba encargado de ejecutar 1,1 billones en 355 proyectos, pero advierte que “las inversiones realizadas por Electricaribe ascienden a 113 mil millones de pesos equivalentes al 45,57 por ciento de las inversiones contempladas en el 2016”.
Así mismo, advierte el organismo de control fiscal que “en el mes de noviembre de 2016, como quiera que el déficit en caja de la compañía equivalía al 55 por ciento de los egresos proyectados para ese mes y el déficit proyectado para diciembre de 2016 era superior al total de egresos proyectados para el mismo mes en su flujo de caja, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estableció que (…) se presentaba un riesgo para Electricaribe de incumplir sus obligaciones de pago en el corto plazo” y la empresa fue intervenida.
Y, finalmente, acerca del agente especial, se concluye que “en la revisión de los contratos y pedidos aprobados por el agente especial durante el periodo de intervención de Electricaribe hasta el 31 de enero de 2017, se verificó que estos se han celebrado cumpliendo con el reglamento interno de contratación”.
LOS HALLAZGOS PASADOS. En noviembre pasado, la Fiscalía anunció investigaciones contra tres alcaldes y dos representantes de Electricaribe por los hallazgos de la Contraloría que fueron revelados en primicia, desde julio de 2016, por EL HERALDO, y que tienen que ver con 65 mil millones de pesos provenientes de 83 contratos Prone que no se ejecutaron por la intervenida empresa, afectando a más de 41 mil usuarios de la región durante 2011 y 2012.
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas, Prone, creado en 2006, consiste en la financiación por parte del Gobierno -en este caso específico del Ministerio de Minas- de planes, programas o proyectos elegibles, para, fundamentalmente, “la legalización de usuarios, la optimización del servicio y la reducción de pérdidas no técnicas en barrios subnormales” y va dirigido a sectores rurales y urbanos de invasión, subnormalidad y desplazamiento.
Electricaribe, como reveló este diario en su momento, fue la empresa del país que más recursos del Prone recibió, pues en 2011 se hizo a 46 mil millones de pesos y en 2012 a 107 mil millones.