¿Dónde está la autoridad?

Bañistas que ignoran olímpicamente la prohibición de usar las playas de Puerto Colombia. Comerciantes destruyen vallas en el Corredor Universitario porque dificultan la llegada de sus clientes. Y nada tiene consecuencias.

No estamos hablando de tener ‘mano dura’. Tan solo esperamos que las autoridades cumplan con eficacia y rigor sus obligfaciones sin ampararse en el latiguillo de la “falta de civismo”. Que también la hay, por supuesto.

Dos hechos ocurridos en las últimas horas deben mover a una reflexión seria sobre las debilidades de la autoridad civil para afrontar situaciones que exigen firmeza y eficacia en la acción institucional. Los dos hechos se presentaron en jurisdicción de Puerto Colombia. Uno fue la prohibición de utilizar las playas de ese municipio durante el fin de semana pasado, decisión que muchos bañistas ignoraron olímpicamente sin que, por lo visto, hubiera modo de frenar semejante acto de irresponsabilidad. El otro se presentó la noche del domingo, cuando varios propietarios de puestos de comida situados en el Corredor Universitario rompieron unas vallas de seguridad que impedían a los estudiantes atravesar la autovía sin tener que hacerlo por un puente peatonal instalado unos metros más lejos. En el primer caso, la Oficina de Gestión de Riesgo había ordenado el cierre de las playas por entender que existía peligro para la integridad de los bañistas tras el coletazo de un tsunami que había golpeado el departamento del Magdalena. Más allá del debate sobre si ese temor estaba científicamente fundado o no, el hecho es que el sábado y el domingo se produjo una notoria afluencia de bañistas a las playas de Puerto, sin que se apreciara por ninguna parte un esfuerzo serio de las autoridades por impedirlo. La Administración porteña reconoce que se vio desbordada, pero echa toda la culpa a la falta de responsabilidad de los visitantes. Un argumento sin duda aceptable, pero solo a medias: lo lógico, cuando desde las instituciones se decide el cierre de unas playas por motivos de seguridad, las autoridades hagan un gran despliegue informativo para comunicar la decisión a los ciudadanos y, luego, velen debidamente por que la prohibición se cumpla. Ninguna de las cosas se hizo a cabalidad, a juzgar por los resultados. En el caso del Corredor Universitario, la acción vandálica de los comerciantes que retiraron las vallas no ha tenido consecuencias. Todo lo contrario: ayer, un día después de su desafío a las autoridades, reivindicaban su derecho a vender sus comestibles a los estudiantes, sin que al parecer les importara un bledo que ese derecho lo pueden ejercer sin que los clientes deban exponer su seguridad cruzando una autovía de incesante tráfico. Máxime cuando, a poca distancia, hay un puente peatonal en buenas condiciones para atravesar la vía. Estas dos situaciones evidencian el largo camino que nos falta por recorrer en materia de institucionalidad. No estamos hablando de ‘mano dura’. Simplemente, de que las autoridades cumplan con eficacia y rigor sus obligaciones, sin ampararse a cada momento en el latiguillo de la “falta de civismo”. Que también la hay en nuestros lares, por supuesto. Y mucha.