Desaceleración económica y paz
Las sesiones ordinarias del Congreso de la República que se iniciaron el 20 de julio pasado ocurren en una coyuntura muy especial del país, pues la economía va en picada y los buenos resultados, aunque con problemas, ocurren en el proceso de paz. Ello complica la situación, pues las amplias clases medias colombianas, muy ur- banizadas, no se preocupan mucho por el lejano tema de la guerra y sí se angustian por los problemas que enfrentan en materia de inseguridad urbana, desempleo e informalidad laboral, combinado con un servicio de salud muy deficiente en medio de los escándalos de corrupción vigentes. Ya no se puede seguir ocultando que la desaceleración económica se agrava, como lo han señalado ANDI y Fenalco a nivel nacional, viéndose la industria con caída del 1,3% entre enero y mayo, y el comercio en un 1,4%. El ministro de Hacienda, junto al Banco de la República, como siempre pasa en la política económica colombiana en los últimos 26 años, se ufanan de la caída de la tasa de inflación, cuando vamos rumbo a una recesión si no abrimos el ojo. La informalidad y el contrabando campean, y todo el aparato productivo se resiente. La cartera en mora de los bancos ya está en $18 billones, mientras aquí solo nos preocupamos por lo que digan las calificadoras de riesgo, quienes fueron ciegas ante la crisis del 2008 en Estados Unidos. La situación se complica ante la presentación de un presupuesto todavía menor al del 2017 para la vigencia del 2018. El discurso predominante es la austeridad, como sucedió en la crisis europea en la presente década. Con un déficit en la balanza de pagos todavía elevado y un sector privado asustado con la inversión, el panorama no parece alentador. Los recortes en Medio Ambiente y en Ciencia y Tecnología echan por tierra todos los discursos de sostenibilidad e innovación.
Lo único que parece ir bien es el proceso de paz, a pesar de la posverdad que agitan los grupos de la derecha recalcitrante. Si uno lee el Informe número 2 de la Fundación Paz y Reconciliación del 18 de julio de 2017, encuentra muy buenas noticias: se han entregado 7.132 armas, se reportaron 949 caletas, 80.000 familias han firmado acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, el desminado avanza, 3.000 personas han salvado su vida desde el cese del fuego, y en 281 municipios priorizados ha caído la extorsión, y los secuestros prácticamente han desaparecido. La Policía y el Ejército se reestructuran en función de su nuevo rol, aunque la situación se empaña por el homicidio de cinco guerrilleros de las Farc, mientras los presos tanto de la guerrilla como de los militares no salen de las cárceles a pesar de la amnistía, y las organizaciones criminales armadas han empezado a llenar los vacíos territoriales que dejaron las Farc. Así mismo, el modelo de reintegración de los combatientes está crudo y uno se pregunta con esta austeridad fiscal que predica el gobierno, ¿cuál va a ser el compromiso real con el proceso?
Así, vamos mal en la economía por seguir apegados al mismo modelo y recetas fallidas de la ortodoxia predominante, y mucho mejor en el proceso del post acuerdo, pero esta asimetría no puede durar mucho. Preocupante, pero no debemos dejarnos confundir.