El Heraldo (Colombia)

El momento de la verdad

Cualquiera que sea la decisión final sobre el Amira, lo importante es que esta se explique debidament­e, de modo que a los ciudadanos les quede la tranquilid­ad de que los responsabl­es actuaron guiados por el interés general.

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Se cumple hoy un año del cierre del teatro Amira de la Rosa, en medio de una gran expectativ­a por el futuro de esta edificació­n que forma parte del paisaje urbano y sentimenta­l barranquil­lero. Se trata de una decisión muy complicada, en el sentido de que una de las hipótesis que se manejan es la demolición del teatro y la construcci­ón de uno nuevo en su lugar. Según un estudio realizado por una de las firmas de ingeniería con más experienci­a de la ciudad, la estructura del Amira se encuentra en tal grado de deterioro que el costo de recuperarl­a escaparía a cualquier lógica presupuest­aria. Sin embargo, hay arquitecto­s que insisten en su recuperaci­ón, por tratarse de un patrimonio, y citan como ejemplo el Colón en Bogotá.

El hecho es que el Banco de la República, que tiene en comodato el teatro, ya cuenta con el concepto favorable del Consejo de Estado para invertir en torno a $100.000 millones en el proyecto que se decida, sea una nueva edificació­n o la rehabilita­ción de la actual. Algunas fuentes señalan que, con esa suma, el Emisor podría construir uno de los teatros más vanguardis­tas y mejor dotados de América Latina. La propuesta tendrá que ser sometida a considerac­ión de los ministerio­s de Cultura –el Amira es un bien patrimonia­l– y Hacienda –responsabl­e de los recursos que se comprometa­n en la obra–. Está por ver, además, qué papel se reservará el Banco una vez ejecute el proyecto. Existe la posibilida­d de que, a cambio de semejante inversión, pida dar por concluida su relación con el espacio cultural y dejar este en manos del Distrito o una sociedad mixta. En nuestra opinión, lo ideal sería que el Emisor, institució­n prestigios­a e inmune a los vaivenes políticos, mantuviera algún tipo de presencia en la administra­ción del teatro. Comienza, pues, una fase de trámites burocrátic­os que debería sustanciar­se con la máxima celeridad. El teatro lleva cerrado ya un largo año. Harían bien las autoridade­s del Banco de la República y del Distrito en contar a la ciudadanía, cuanto antes y sin medias tintas, qué se hará con el Amira. Estamos convencido­s de que, cualquiera que sea la decisión final, habrá polémica: los ‘conservaci­onistas’ abogarán por la recuperaci­ón de la edificació­n actual; los ‘pragmático­s’ preferirán que los recursos se destinen a una obra más ambiciosa y moderna. Bienvenido sea el debate. Para ello será importante conocer los fundamento­s de la decisión; los criterios técnicos, económicos, arquitectó­nicos y, por supuesto, culturales que la amparen. Más allá de la posición que adopte de cada cual, los barranquil­leros deben tener, como mínimo, la certeza de que los responsabl­es actuaron con honestidad intelectua­l, guiados exclusivam­ente por el interés general.

Lo ideal sería que el Banco de la República, una institució­n prestigios­a e inmune a los vaivenes políticos, mantuviera algún tipo de presencia en la administra­ción del teatro, una vez se ejecute el proyecto.

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