Un trabajo de todos
Que el 79% de los capturados este año por la Policía se encuentre en libertad debe llevar a un análisis frío de los errores cometidos por esta institución, la Fiscalía y los jueces en las distintas etapas de los procesos.
Que solo el 8% de los capturados este año por diferentes delitos se encuentre en la cárcel es una situación que no puede menos que prender las alarmas en una ciudad que ha venido trabajando por devolverles la tranquilidad a sus habitantes. Según los datos de la Policía, el 79% de los capturados en 2017 ha quedado en libertad, mientras el 13% recibió el beneficio de detención domiciliaria. Es decir, de las 4.097 personas detenidas por los uniformados en el marco de investigaciones de toda índole o de procedimientos en las calles, solo 397 tienen hoy medida de aseguramiento en centro carcelario, 646 cuentan con casa por cárcel y 3.864 se hallan en libertad. Esta situación debe ser analizada desde diferentes frentes, todos ellos preocupantes. El colapso de la administración de justicia es una problemática nacional de la que Barranquilla no puede escapar. Sin embargo, los jueces también han cuestionado en reiteradas oportunidades la falta de rigor en los operativos de la Policía y otras instituciones, entre ellas la Fiscalía, por lo que los abogados defensores demuestran rápidamente los vicios procedimentales y sus clientes regresan a las calles. Para los jueces, el círculo vicioso comienza muchas veces con los errores al momento de la captura, y sigue con los planteamientos deficientes en las audiencias por parte de los fiscales, lo que los deja a ellos sin herramientas. Alegan que si se violan las garantías constitucionales de un ciudadano a la hora de capturarlo, delincuente o no, ellos no pueden más que restablecerle sus derechos y ordenar su libertad. En el caso de Barranquilla y su área metropolitana, la Policía prepara una ofensiva contra los delincuentes que han sido capturados en repetidas ocasiones y han salido libres, para lo cual los esfuerzos estarán centrados en combatir tres de los delitos que más afectan la seguridad: homicidio, hurto y porte ilegal de armas.
El caso de los homicidios, por su impacto social, es otro que debe ser analizado detalladamente: este año han sido capturadas 159 personas por este delito, pero 71 están libres y 11 con prisión domiciliaria. Las otras 77 se encuentran tras las rejas.
La institución tiene identificados a 339 delincuentes reincidentes, entre ellos un caso como el de John Fredy Lastre Teherán, que ha sido capturado diez veces. En Medellín, esta problemática dio origen a un cruce de dardos la semana pasada entre el alcalde Federico Gutiérrez y la Sala Penal del Tribunal Superior. Acá es hora de abrir el debate.
Aunque el colapso de la administración de justicia en el país, con cientos de miles de procesos represados, no se puede ocultar, los jueces han cuestionado la falta de rigor en los operativos de captura de la Policía.