Piden políticas públicas para enfrentar crisis de venezolanos
Los gobernadores de la Costa establecen acuerdos con el Gobierno Nacional.
CARTAGENA. En el marco de la Cumbre Caribe de Gobernadores, liderada ayer por el bolivarense Dumek Turbay Paz, y a la que asistieron Edgar Martínez Romero, de Sucre; Edwin Besaile, de Córdoba y Eduardo Verano, del Atlántico, fueron acordados 12 compromisos con el Gobierno Nacional, entre ellos el establecer políticas publicas, en busca de soluciones a la crisis humanitaria que ha sido desencadenada por el aumento en la migración de venezolanos y colombovenezolanos que se han radicado en el país.
Tras más de dos horas de testimonios y discusión entre los mandatarios, también se acordó que, dentro de dos meses, se llevará a cabo un nuevo encuentro en el Atlántico en el cual se realizará un seguimiento de los compromisos pactados.
Además de la participación de los gobernadores, también estuvieron presentes el embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano; el alto consejero para las Regiones, Camilo Sánchez Ortega; el director de Migración Colombia, Christian Krüger; el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; el viceministro de Empleo y Pensiones, Freddy Socarrás; el viceministro de Salud, Luis Fernando Correa; y la directora Cobertura del Ministerio de Educación, Natalia Niño.
UN CENSO CONCRETO. El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de que se lleve a cabo una actualización de las cifras migratorias, en todo el país, y que las regiones puedan contar con los recursos necesarios, para atender los retos del creciente aumento migratorio de venezolanos.
El director de Migración Colombia, Christian Krüger, explicó que, al menos, han sido 350.000 los venezolanos que han ingresado al país para quedarse de forma definitiva, desde 2015.
LOS COMPROMISOS. Durante el encuentro se estableció que la crisis actual amerita pasar de una atención basada en criterios de gestión de riesgo, a una política pública de carácter mi- gratorio, estructural y definitiva.
También los gobernadores del Caribe plantearon como necesaria la estructuración de un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que direccione acciones integrales y estructurales para atender la crisis en todos los sectores y en todas las regiones.
Se acordó incluir en el Plan Fronteras para la Prosperidad, instrumento diseñado por el Gobierno nacional para atender el fenómeno migratorio.
Se plateó la creación de políticas integrales, con definición de responsabilidades claras, orientadas principalmente hacia el respeto a los derechos humanos y la solidaridad.
En el encuentro además se propuso diseñar un sistema de información para tener datos de forma técnica en materia de salud, educación y empleo.
De igual manera se acordó fortalecer las capacidades institucionales y revisar el marco de las competencias de las entidades que deben atender los problemas, principalmente, las del orden nacional.
Para la financiación de los acuerdo se propuso la solicitud de asignación de recursos adicionales, a través del SGP y otras fuentes, para atender la crisis en cada región.
Se emplazó al Gobierno nacional par que haga esfuerzos adicionales para atender el tema de la infraestructura educativa y provisión de docentes, que permita brindar en condiciones óptimas educación a todos los estudiantes.
Se acordó impulsar capacitaciones en los territorios que reciben estudiantes, sin estado migratorio claro, con el objetivo de acceder al sistema educativo.
LO QUE EL GOBIERNO DEBE HACER. Los gobernadores manifestaron que el Gobierno nacional debe comprometerse a transferir los recursos a las Gobernaciones, para atender la demanda adicional que se deriva de la crisis humanitaria generada por la migración.
Otro de los puntos alcandados fue el de buscar dinamizar la expedición de permisos para evitar las condiciones de ilegalidad y la explotación laboral y lograr una sintonía con las políticas de trabajo decente de Gobierno nacional.
Por último, se pidió Garantizar la seguridad nacional, además de fortalecer los puntos de control fronterizo por parte de las fuerzas armadas.