Más que sancionar
Cuando se analiza el sistema de salud colombiano y lo que debería ajustarse de una vez por todas para que los ciudadanos de este país disfruten de manera efectiva los beneficios a los que tienen derecho, la mayoría coincide en que uno de los primeros asuntos a considerarse es la actual forma de operar del ente que realiza a nivel sectorial la inspección, vigilancia y control, es decir, la Superintendencia de Salud.
Y es que el rol de esta Superintendencia no es uno más de los que tienen los entes que ejercen este tipo de labor de inspectores, vigilantes y controladores de un sector específico en Colombia. Resulta que la salud es un derecho fundamental de los colombianos, y tal como lo establece la Constitución Política de 1991, la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado para cada uno de sus ciudadanos.
Así las cosas, la Supersalud es parte importantísima del arsenal de estrategias e instrumentos que ha definido el Estado para garantizar la salud de los colombianos, con la vital misión de velar porque se respete y garantice la salud como derecho fundamental conexo con la vida misma de los ciudadanos de este país, como lo estableció la Ley Estatutaria de Salud sancionada por el presidente Santos en febrero de 2015.
Si se pudiesen revisar en detalle una a una las miles de muertes evitables que ocurren cada año en Colombia, entendiéndose como muerte evitable aquella que no debe darse dado el conocimiento médico y la tecnología disponibles, sería bueno identificar cuántas de ellas no se hubiesen dado si la Supersalud hubiese actuado de manera oportuna.
En ese orden de ideas, si alguna de las personas de las que han expresado su deseo de ser presidente de Colombia en el inmediato futuro, quiere motivar sensibilización y fidelización de un electorado, obligatoriamente debe incluir una propuesta juiciosa y cumplible de reestructurar funcional y organizacionalmente esta Superintendencia, que incluya su fortalecimiento operacional y no su burocratización; acabar su actual condición de apéndice funcional del Gobierno que le impide manejar la imparcialidad e independencia del ejecutivo, para que entonces sí pueda estrenar su función de ser garante oportuno del derecho a la salud de los colombianos.
Solo así, cuando esta Superintendencia deje de actuar tardíamente y se convierta en una agencia proactiva y preventiva, y pueda entonces reaccionar de manera efectiva y oportuna ante las infracciones cometidas por parte de algunos actores, o las que estén próximas a cometerse, es que se van a poder evitar miles de muertes que hoy ocurren en nuestro país y que no tienen razón para darse.
Un país definitivamente gana mucho más cuando el ente de vigilancia, inspección y control de la salud evita, protege y previene oportunamente que cuando informa de sanciones tardías por actuaciones extemporáneas en cumplimiento de sus funciones. No hay que olvidar que esta Superintendencia no está únicamente para sancionar infractores, sino para proteger un preciado derecho de todos los colombianos como es el derecho a la salud, salvaguardando así también la vida misma de los habitantes de este país.