Cesar se salva de pagar 2.300 millones de pesos a contratista
Un fallo del Consejo de Estado salvó a la Gobernación del Cesar de pagar 2.300 millones de pesos, al declarar nulo un contrato de asesoría legal celebrado hace 18 años por el ente territorial con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla ‘Universidad de Cartagena – siempre a la altura de los tiempos’.
En octubre de 2000 la Gobernación del Cesar y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones, de la época.
Sin embargo, la Procuraduría demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la Gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato.
El contratista interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10. MB