Crispación máxima en Cataluña
Por sexto año consecutivo, cientos de miles de personas desbordaron el lunes el centro de Barcelona para celebrar la Diada, el Día nacional de Cataluña. En un ambiente distendido y festivo, gente de todo tipo y edades convirtieron la fiesta nacional catalana en una reivindicación de su soberanía. Dominaban claramente las expresiones separatistas, pero igualmente se defendía el derecho a celebrar un referéndum sobre este asunto. No hay duda de que una buena parte de la sociedad catalana es independentista, aunque probablemente no sea mayoría. Sin embargo, sí hay una mayoría amplia de catalanes que reivindica el llamado derecho de autodeterminación, según las encuestas. Quieren votar sobre la independencia, aunque sea para rechazarla.
Sobre este trasfondo, la confrontación política se ha agudizado hasta el punto de que España se encuentre ante la mayor crisis institucional desde el fallido golpe de Estado en 1981. Los partidos nacionalistas que gobiernan en Cataluña están decididos a celebrar un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya lo haya suspendido porque no tiene cabida en la Carta Magna. Los separatistas evocan principios democráticos y los derechos humanos para defender su causa. Pero al mismo tiempo que se dicen pisoteados por el Estado, el gobierno catalán está pasando él mismo por encima de la oposición, como demostró la rocambolesca sesión en el Parlamento de Barcelona, en la que se aprobaron las leyes para el referéndum y la independencia sin permitir enmiendas de la oposición. Estos partidos, que sumaron el 48% de los votos hace dos años, parecen estar dispuestos a imponer su voluntad al resto de catalanes.
Pero también es deplorable la reacción del gobierno central de Mariano Rajoy. Escudado en la ley, intenta impedir la votación a toda costa y “sin renunciar a nada”, echando más leña al fuego en una situación de crispación máxima.
Es altamente probable que el 1 de octubre haya algún tipo de votación, a pesar de que los principales municipios catalanes se nieguen a poner a disposición sus locales o funcionarios para el referéndum.
También parece obvio que la consulta no será representativa, ya carece de las mínimas garantías legales y buena parte de la sociedad catalana la boicotea. Me cuesta creer que el gobierno catalán realmente proceda a declarar la independencia de forma unilateral en caso de que gane el sí con los votos de una minoría de la población, como es de esperar.
La única forma de avanzar hacia una solución después del showdown del 1-O es sentarse a la mesa para negociar. Los nacionalistas deberían someterse a elecciones anticipadas si quieren renovar su mandato para la agenda separatista. Y Rajoy debería darse cuenta de que gobierna en minoría. Los partidos que quieren acabar con el inmovilismo y buscar soluciones –aunque sus posiciones varíen mucho– suman los votos necesarios para echar a Rajoy si sigue negándose a actuar. Solo con la ley en la mano no se soluciona el problema.