Vivimos una...
PRVIENE DE LA PáGINA 2B
La Procuraduría ha manifestado su preocupación por el desarrollo y el uso del territorio exponiendo datos y hechos que están a la luz de la comunidad. En la medida que la actuación disciplinaria no se ha agotado, debemos ser cautos y totalmente respetuosos de los principios constitucionales y este contexto debemos evitar la formulación de juicios de valor. Respecto del tema de licencias, con el Ministerio de Cultura se inició una acción popular y, en el marco de otra acción legal, hemos pedido también unas medidas cautelares. Lo anterior con miras a la defensa de los derechos colectivos, entre ellos el patrimonio cultural.
Este caso puede ser un mero ejemplo de la manera irregular de cómo se tramitan licencias de construcción en la región y en todo el país. ¿Hay en marcha alguna acción preventiva por parte del Ministerio Público?
La Procuraduría trabaja, a través de un grupo interdisciplinario, en el seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial, muchos de los cuales son modificados de manera arbitraria por las autoridades locales para cambiar el valor de la tierra y permitir el enriquecimiento de unos pocos, en detrimento del medio ambiente. En el Quindío impedimos que se afectara el paisaje cafetero; en Cartagena obligamos el cierre de las obras de un edificio ya autorizado de manera irregular, que lesiona el valor cultural de la ciudad como patrimonio de la humanidad. Los alcaldes, curadores y Corporaciones Autónomas Regionales están notificadas de que actuaremos con decisión en defensa del ordenamiento legal y el medio ambiente. Consideramos que las presuntas irregularidades respecto de las licencias de construcción y el tema de ordenamiento territorial requieren de especial atención de las autoridades locales y nacionales. Desde la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, y con la colaboración de otras delegadas, se vienen adelantando actuaciones y seguimientos en algunas ciudades del país con miras a la definición de aspectos de orden técnico que, a juicio del Ministerio Público, podrían ser mejorados en aras de fortalecer los mecanismos de control, en lo que atañe a las normas que regulan los usos del suelo y su explotación. A la fecha esta actuación se viene ejecutando, y por ello no podemos señalar de manera puntual los resultados obtenidos.
Actualmente se desarrollan varias investigaciones disciplinarias que conciernen directamente a irregularidades con el tema de los POT...
PLa bancarrota ética tiene claras repercusiones en el ejercicio de la política donde aparece un Estado capturado por la corrupción. Por ello convocamos el próximo lunes 30 de octubre a un gran foro sobre ética ciudadana para reflexionar sobre el futuro de una
Rciudad como Cartagena que hoy sufre el peor ataque de piratas mas depredadores que aquellos que asolaron esa ciudad hace varios siglos: piratas de la corrupción que cooptaron el Estado.
En Magdalena se mantienen los cuestionamientos a la actual gobernadora y a su antecesor por su accionar en la Vía de la Prosperidad. ¿Se ha logrado establecer sus responsabilidades?
PAvanzamos en la investigación para determinar su responsabilidad en la implementación y ejecución del proyecto de inversión de esa vía, al que fueron destinados más de 466.000 millones de pesos de recursos de la Nación y el Sistema General de Regalías. Vamos a llegar al fondo de este proceso. Hace unos meses visité la obra y constaté que en esa Vía la Prosperidad no ha llegado a los habitantes del Caribe.
A raíz de la visita que realicé hace unos meses al Magdalena, pude constatar la necesidad de revisar la ejecución del proyecto de inversión de esa obra, por lo cual se abrió la investigación ya referida.
REn Barranquilla es de gran interés el caso del
Rconcejal Recer Lee Pérez. ¿Cómo se han desarrollado las pesquisas? ¿Por qué usted trasladó el caso a la Seccional de Santa Marta?
La Procuraduría General de la Nación, actualmente adelanta una investigación disciplinaria con el fin de determinar los hechos y la posible responsabilidad, por las conductas del concejal Recer Lee Pérez relacionada con la falsedad de documentos para acceder a cargos públicos. El 23 de noviembre de 2016, la entonces Procuradora General, trasladó el proceso a Santa Marta, designando como funcionario especial al procurador provincial de esa ciudad. He tomado la decisión de traer el expediente a Bogotá y acelerar una decisión de fondo.
ROtro caso emblemático en la Costa es el de la corrupción en varios niveles en La Guajira y su reiteración. ¿En que van los procesos y las acciones preventivas?
PEn la Guajira tenemos los ojos puestos en temas como la protección de los derechos a la alimentación, salud, educación y acceso al agua potable, sobre todo de la población de especial protección. Venimos cumpliendo
Run seguimiento riguroso a las medidas recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para niños wayuu y madres gestantes. En ejercicio de la función preventiva y también en cumplimiento a las órdenes impartidas en las decisiones judiciales, se han requerido y recibido información de distintas entidades, entre ellas: ministerio de Educación Nacional, ICBF y las Administraciones Temporales, con el propósito de evaluar las políticas que se han adelantado para evitar que continúe la vulneración de los derechos de la población wayuu.
¿Cómo lograr que este departamento no sea un ente territorial fallido?
PEs un enorme reto impedir que la corrupción mate la descentralización. He insistido en que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción, pero tampoco el desmoronamiento de la confianza ciudadana en sus instituciones y en la Justicia. En La Guajira, el Chocó y muchos otros departamentos azotados por la inequidad y el abandono estatal lo que está en juego es la democracia. Hay que impedir que el populismo o el autoritarismo tengan futuro ante la gravedad de la crisis.
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