El Heraldo (Colombia)

Blindar el servicio de agua

El buen desempeño de la Triple A en materia operativa no está en tela de juicio. Cualquier decisión judicial que se tome en el marco de las investigac­iones por corrupción no debe entorpecer el funcionami­ento de la compañía.

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Al margen de cuál sea el resultado de las investigac­iones en España y Colombia por la denominada ‘Operación Lezo’, que involucra a altos directivos de Inassa, compañía con la mayoría accionaria de Triple A, para Barranquil­la es fundamenta­l que no se afecte la prestación de un servicio que es modelo nacional, y que le cambió la cara a una ciudad que por décadas padeció por la calidad y el suministro del agua. El desempeño de Triple A jamás ha estado en tela de juicio. Barranquil­la cuenta hoy con una cobertura total y con el agua de mayor calidad del país, entre las capitales, lo que ha mejorado el nivel de vida de 1.2 millones de habitantes.

Por eso la Alcaldía y la Gobernació­n deben estar vigilantes para que, al tiempo que se toman decisiones judiciales en los dos países, el bien común sea protegido, lo que en este caso significa blindar el servicio de agua, alcantaril­lado y aseo en Barranquil­la y los municipios donde opera la Triple A. El caso ‘Lezo’, nombre que recibe el escándalo de corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, Canal de Isabel II, dio origen a la captura del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y de otras 11 personas en ese país. En Colombia, el proceso no tiene imputados todavía. Sin embargo, la Fiscalía espera que la cooperació­n judicial con España, en el marco de una operación local denominada ‘Acordeón’, permita establecer si hay políticos locales o funcionari­os públicos implicados en este escándalo de corrupción transnacio­nal. Inassa, empresa de Canal de Isabel II, maneja el 82.16% de la Triple A, además de tener participac­ión en sociedades de Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana y Brasil. La forma en que tomó el control de muchas de estas compañías, empleando sobornos, es lo que la tiene en el ojo del huracán. El más reciente capítulo de este espinoso caso fue la solicitud de la Procuradur­ía de suspender el contrato entre la Triple A e Inassa por el pago de servicios de asesoría en la gestión comercial, operativa, administra­tiva y técnica, que no estarían siendo suministra­dos. La Procuradur­ía busca “prevenir una defraudaci­ón al patrimonio y evitar lesiones a la prestación de los servicios públicos domiciliar­ios en Barranquil­la”, ya que para el ente de control “existen indicios que permiten inferir que no se ha recibido por parte de Inassa la mencionada asesoría, por la que se ha pagado $221.752.656.750”.

Está claro que la investigac­ión debe seguir su curso, pero preservar la calidad del servicio de agua debe ser una prioridad para las autoridade­s.

Para Barranquil­la es fundamenta­l que no se afecte la prestación de un servicio que es modelo nacional y que le cambió la cara a la ciudad.

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