Arranca en firme debate sobre la JEP en plenaria del Senado
Tras el voto de los 13 impedimentos, se inició la intervención de los voceros de los partidos políticos.
BOGOTá. Con nueve horas de sesión, que se desarrolló entre votación de impedimentos e intervención de los partidos políticos, arrancó, la tarde-noche de ayer, en firme el debate sobre la JEP en la plenaria del Senado.
Primero se votaron los 13 impedimentos restantes de 34 en total que se presentaron para este debate de la JEP: se negaron los de Antonio Correa, Daira Galvis, Sandra Villadiego, José Alfredo Gnecco, Arleth Casado, Mario Fernández Alcocer, Samy Merheg, Jorge Pedraza, Martiza Martínez, Jaime Amín y Daniel Cabrales. Y se aprobaron los de Yamina Pestana y álvaro Uribe.
Posteriormente, se dio la negación de la proposición del uribismo de aplazar la discusión del proyecto de la Justicia Especial para la Paz, JEP.
El Centro Democrático buscaba aplazar la discusión de la JEP hasta que la Corte Constitucional definiera la viabilidad del acto legislativo que creó la jurisdicción, pero el pleno de la cámara alta no le dio el visto bueno.
La colectividad había advertido que el alto tribunal defensor de la Carta Política revisará esta semana la iniciativa sobre “las disposiciones transitorias para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”.
LAS INTERVENCIONES. En su intervención por el Centro Democrático, Paloma Valencia advirtió que “esta justicia debe tener penas efectivas y proporcionales a la gravedad del delito y no se ve en la JEP”, y agregó: “el Centro Democrático no se opone a participación política de Farc, pero que lo hagan quienes no tengan las manos manchadas”.
El senador Juan Diego Gómez, por el Partido Conservador, dijo que la bancada comparte las críticas del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y advirtió que “estamos dispuestos a participar en la reglamentación de la JEP” pero presentaron una serie de “salvedades”.
Los azules consideran, por ejemplo, que los agentes del Estado “no pueden ser sujeto de persecución”, que quienes deseen participar en política “deben someterse de manera previa a la JEP” y que “es necesario exceptuar de acciones judiciales a aquellas personas cuya participación en el conflicto haya sido a causa de probada coacción por parte de los actores armados”.
De igual modo, señaló que muchos funcionarios aforados que “en virtud de sus deberes legales” fueron pardel te del conflicto “no deben ser sujetos de la acción de la JEP”, que los narcotraficantes quieren ver la JEP “como una puerta de salvación” y, finalmente, reiteró “como colectividad, nuestra alegría por el cese definitivo de las acciones de guerra”.
Entre tanto, Carlos Fernando Galán, por Cambio Radical, en su intervención puso de presente: “Manifesté mi preocupación con la JEP porque no hay unos condicionamientos claros que someta a estos grupos que estuvieron al margen de la ley” e hizo críticas a la jurisdicción por los asuntos de los testaferros y las penas para las Farc.
EVITAR LAS DILACIONES. A su turno, el liberal Horacio Serpa negó que el narcotráfico vaya a ser amnistiado: “No es cierto que la JEP eleve el narcotráfico a delito amnistiable”, dijo, y en sintonía con la lucha contra el tiempo que tiene el proyecto, invitó al Senado a “evitar las acciones dilatorias innecesarias que no corresponden al ejercicio legislativo”.
Su copartidaria, Sofía Gaviria, de otro lado, sentenció: “Si realmente las Farc quisieran la paz, el Secretariado asumiría sus responsabilidades”.
En la intervención de la Alianza Verde, Antonio Navarro reiteró que “en una paz negociada, el corazón del Acuerdo es la participación en política a cambio de la entrega de las armas”.
Acto seguido, Claudia López, también de los Verdes, puso de presente: “En todos los procesos de paz previos a este se firmó un acuerdo de impunidad absoluta; en este se obliga a la justicia", y añadió, en referencia a las críticas que se hacen por la inclusión de los uniformados en la jurisdicción, que "los mayores beneficiados con la JEP son los policías y miembros de la Fuerza Pública, más de 2 mil de ellos beneficiados”.