JEP, debate que no termina
Cuando se creía que con el aval de la Corte Constitucional y la aprobación del Senado se acababa el viacrucis de la reglamentación, las modificaciones realizadas al proyecto han encendido la controversia.
La plenaria del Senado aprobó esta semana el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es decir, el mecanismo que servirá para juzgar a todos los actores del conflicto armado, entre ellos los líderes del partido político de la exguerrilla de las Farc que aspiran a cargos públicos.
El trasegar de la JEP por el Congreso, a falta del último debate en la Cámara, ha sido tan accidentado como se esperaba. Solo el aval de la Corte Constitucional al acto legislativo y el posterior llamado del presidente Santos a los parlamentarios para hundir el acelerador, logró destrabar un proceso que es considerado la piedra angular del acuerdo de paz con las Farc. Para que el proyecto pasara se le realizaron varias modificaciones que lograron el consenso de los partidos políticos, lo que no ha sido bien recibido por la exguerrilla. Esta situación ha originado que el jefe máximo de esa organización y aspirante presidencial, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’, le pida al presidente Santos una reunión personal y urgente para espantar los “vientos de temporal” que amenazan el acuerdo tras los cambios a la JEP.
Una de las adiciones fue el artículo que establece que las sanciones de la justicia transicional no se aplicarán a quienes hayan cometido “cualquier tipo de delito sexual grave” contra menores de edad, lo que ha puesto a temblar a muchos excombatientes a pesar de la dificultad de comprobar estas acciones con el paso del tiempo. También se aprobó que los terceros civiles que sean vinculados a hechos criminales o hayan tenido participación en el conflicto, acudirán voluntariamente a los tribunales de paz, lo cual generaba intranquilidad en varios círculos sociales. Pero el punto que más polémica ha desatado es el de la elección de los magistrados de la JEP, ya que el Senado aprobó nuevos requisitos para integrar este mecanismo negociado en La Habana. Según la nueva disposición, no formarán parte quienes hayan ejercido representación judicial en actuaciones relacionadas con el conflicto armado los últimos cinco años. Tampoco quienes llevaron procesos o reclamos de violación de derechos humanos por el mismo periodo en tribunales nacionales o del exterior. Además de lo controvertido que resulta este artículo, debido a la integridad e imparcialidad de muchos defensores de derechos humanos, el escollo para el Gobierno es que ya los magistrados están escogidos y solo les resta posesionarse.
El punto que más polémica ha desatado es el de los nuevos requisitos para los magistrados de la Justicia Especial, que ya estaban escogidos.