¿Quién para esta barbarie?

El Estado debe intervenir con mucha más contundencia para frenar la ola de asesinatos contra dirigentes cívicos y defensores de derechos humanos. Las medidas hasta ahora tomadas resultan insuficientes.

Más de un centenar de líderes sociales han sido asesinados en Colombia entre 2017 y enero de este año. Cualquier sociedad que se considere genuinamente democrática debería estremecerse ante tan alarmante dato y exigir una reacción contundente del Estado para impedir que se sigan multiplicando estos crímenes. Sin embargo, nuestra sociedad, desafortunadamente, aún no ha alcanzado ese nivel de sensibilidad en que el terror merezca repudio sin matices. Estamos tan polarizados que muchos de los que denuncian con vehemencia las atrocidades de la guerrilla pasan de largo ante la barbarie que se está cometiendo contra los dirigentes cívicos, cuyo delito es defender los intereses de sus oprimidas comunidades. Al mismo tiempo, es común escuchar voces que reaccionan airadas contra la eliminación de estos líderes y que, cuando toca condenar atentados guerrilleros, se escabullen con argumentos peregrinos o, simplemente, enmudecen. Una sociedad madura no puede tener posiciones ambiguas ni actitudes contemplativas ante el crimen. Cuántas veces se escucha decir, con respecto al asesinato de dirigentes sociales o defensores de derechos humanos, que “se lo ha buscado” o “seguro trabajaba para los bandidos”. Incluso en caso de sospecha de que alguno de esos líderes mantuviera contactos con grupos extremistas, nada justificaría su ejecución sumaria, si es que pretendemos seguir considerándonos un Estado de derecho. Está suficientemente documentado que muchas comunidades del país, en especial reductos de afrodescendencias o indígenas– han sido, sin buscarlo, víctimas de la larga violencia que ha sufrido el país. Sus territorios de asentamiento han sido codiciados por la guerrilla, por los paramilitares y por bandas criminales para desarrollar allí sus actividades ilícitas, en particular el cultivo de coca. La medidas que está tomando el Estado para frenar esos asesinatos masivos –en especial, el proyecto de erradicación de plantaciones de coca– se han revelado insuficientes. El crimen sigue su curso sin que las instituciones parezcan capaces de contenerlo. Y los asesinos, si nos atenemos a las estadísticas, seguramente continuarán en su espiral de muerte con la convicción de que no pagarán por sus delitos. Como sociedad, tenemos la asignatura pendiente de estremecernos ante el crimen. De repudiar el terrorismo sin tener en cuenta su procedencia o el trasfondo ideológico en que se produzca.

Así como elevamos con unanimidad nuestra voz de rechazo frente a los brutales atentados del Eln contra la Policía, deberíamos indignarnos ante la eliminación de los líderes sociales, compartamos o no sus reivindicaciones. Frente al terror, solo cabe ‘tolerancia cero’.

Como sociedad, tenemos la asignatura pendiente de estremecernos ante el crimen. De repudiar el terror sin tener en cuenta su procedencia o el trasfondo ideológico en que se produzca.