Contraloría alerta contra ‘retoma’ de Electricaribe
Informe del ente indica que compromisos financieros del Estado en la intervención de la empresa son altos y que no está claro cómo serían reintegrados los recursos.
El ente de control señala en un informe que si el grupo español se hace otra vez con el control de la empresa, hay riesgo de que el Estado “no recupere” los recursos que ha comprometido en la intervención, los que califica como “muy altos”.
La posibilidad de que la multinacional española Gas Natural Fenosa (GNF) vuelva a tomar el control de Electricaribe plantea unos riesgos “muy grandes para los intereses del Estado colombiano”, afirma un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
El ente de control advierte además, que el déficit de caja estimado de la empresa intervenida para 2017, puede llegar a los $294.000 millones.
La CGR expresa que ha catalogado desde un primer momento, la intervención de la empresa como un asunto de interés para el control fiscal por tratarse de un servicio público esencial.
Afirma que no hay claridad sobre la manera como se haría, en caso de que se sea posible, el reintegro de los recursos públicos con los que el Gobierno nacional ha respaldo el proceso de intervención de la empresa de energía de la Costa Caribe, el cual cumple más de un año.
“Es necesario conocer las acciones que se están empleando para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso extremo de que esto ocurra, verificar cómo se va a garantizar la devolución de estos recursos”, indica la Contraloría.
De acuerdo con el orga$320.000 nismo, las garantías que ha entregado la Nación en este proceso suman unos $135.000 millones y que adicionalmente hay un crédito por valor de millones para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera. El mismo fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre del año pasado.
Para la CGR, los compromisos adquiridos por el Estado colombiano como responsable de última instancia de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, son muy altos.
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, afirma que “los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos”.
Cálculos de la Contraloría, indican que el ebitda (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), podría estar por debajo de los $50.000 millones, cifra que es inferior a la cantidad de recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.
BAJOS INDICADORES DE CALIDAD. Maya Villazón señala que si bien es cierto que con la intervención realizada por la Superin- tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas las obligaciones de pago de Electricaribe (diferentes de las de compra de energía) están suspendidas, sus indicadores de calidad, en prestación del servicio y pérdidas de energía, “no muestran mejoría”.
En cuanto al déficit de caja estimado para 2017, el entre señala que puede estar en el orden de los $294.000 millones, esto en el caso de que hubiera hecho inversiones por $264.000 millones.
“Sin embargo, la Contraloría evidenció inversiones por solo $106.000 millones”, aclara el contralor.
Otro de los temas que preocupa a la Contraloría es que el pasivo pensional a cargo de la empresa, que llega a $1 billón, no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado, con todos los efectos fiscales que implicaría.
De otro lado, advierte sobre la modificación de precios de bienes y servicios suministrados para 39 de los 70 contratos integrales suscritos por Electricaribe en 2016. “La intervención hizo este cambio sin una directriz o una norma previa clara”, indica el órgano de control.