Procuraduría y salud
Desde el pasado mes de octubre de 2017, la Procuraduría General de la Nación (PGN) empezó a tomar una serie de importantes decisiones que implicaron la suspensión de varios funcionarios del sector salud. En dicho mes la PGN suspendió de manera provisional por tres meses al superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, “por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a una nueva EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país”.
De igual forma, tomó dicha decisión porque Muñoz Muñoz no inició procedimientos en contra de dicha EPS “por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.
Justo a mediados de enero de este año y como parte de dicha investigación, la PGN prorrogó por tres meses más la medida cautelar que impuso al citado funcionario. Esta decisión la adoptó la PGN porque su reintegro “podría conllevar a la reiteración de la falta investigada, pues en la valoración probatoria en lo que respecta a la medida preventiva se observa que el investigado no hizo uso de las medidas administrativas que estaban a su alcance para evitar la vulneración al derecho a la salud de la población afiliada a la EPS”. Esta prórroga de la suspensión inicial muy probablemente llevó a que Muñoz Muñoz al final decidiera presentar su renuncia como superintendente.
También en enero del 2018, la PGN abrió investigación y ordenó la suspensión provisional por tres meses de la superintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Supersalud, Eva Katherine Carrascal, por la “presunta exigencia y recibo de dádivas a IPS de Cafesalud”. Además, la primera delegada para la Contratación Estatal de la PGN investiga a Carrascal “por el cobro de ‘coimas’ para obtener la autorización y/o agilizar los trámites por parte de la Supersalud, de la modificación de la composición accionaria de las entidades del sector”.
En el presente mes, la PGN abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión por tres meses de Jesús Eugenio Bustamante Cano, gerente del Hospital General de Medellín, “por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores, desconocimiento de las órdenes de la junta y posible extralimitación de funciones”, y también suspendió provisionalmente por tres meses a la gerente del Hospital San Jerónimo de Montería, Isaura Hernández Pretelt, “por presuntas irregularidades en el manejo de la planta de personal”.
Con estas cinco decisiones que implicaron cuatro suspensiones y una prórroga de una de esas suspensiones, la PGN está actuando en un sector que maneja cada año recursos públicos por cerca de $40 billones que deben garantizar el derecho a la salud de los habitantes de este país, demostrando así que tiene plenas competencias para disciplinar a otros funcionarios que también adelantan control (como los de la Supersalud), a funcionarios nombrados por períodos fijos (como los gerentes de los hospitales públicos), y también a quienes dirigen a las EPS que manejan los recursos públicos de la salud, tal como ya lo hizo en el pasado.