La avalancha venezolana
Aunque las cifras de Migración Colombia dan cuenta de 550.000 venezolanos en el país, el número puede ser dos veces mayor debido a la falta de registros de los miles que ingresan a diario por trochas como ‘La Cortica’, en La Guajira.
La Cortica’ es el nombre con el que llaman a una de las 180 trochas de La Guajira que comunican con Venezuela, por las que a diario entran y salen miles de extranjeros sin control ni registro de las autoridades. Sin embargo, es frecuente encontrar más de un retén a lo largo de estos caminos, como lo explican los mismos venezolanos: el de la delincuencia común, el de los indígenas y el de algunos miembros de las fuerzas armadas del vecino país, que cobran cada uno su ‘peaje’.
El drama no es exclusivo de La Guajira, se repite en los 2.200 kilómetros de frontera, y hoy es uno de los mayores desafíos que afronta Colombia: la diáspora venezolana. Las imágenes de miles de venezolanos represados en la frontera con Cúcuta le dieron la vuelta al mundo la semana pasada, luego de que el Gobierno nacional pusiera en práctica controles migratorios más exigentes. La situación no es nueva, pero desde mediados de 2017 se ha convertido en un gran dolor de cabeza para los mandatarios locales de todo el país: hospitales que no dan abasto, aumento de las ventas callejeras y la mendicidad, niños que no pueden estudiar por falta de documentación, incremento de la participación de extranjeros en actos delictivos, en fin, un pulpo de cien tentáculos para el que nadie estaba preparado.
Si bien las cifras de Migración Colombia dan cuenta de 550.000 venezolanos en el país a corte de 2017, el número puede ser dos veces mayor debido a la falta de registros de los miles que ingresan a diario por trochas como ‘La Cortica’.
Antes, el flujo por las trochas era similar entre los que iban y venían. Los venezolanos ingresaban en busca de alimentos, ropa, medicinas y productos básicos, con los que regresaban a su país en horas de la tarde o al siguiente día. Ahora la mayoría viene con el objetivo de quedarse y conseguir trabajo para mandar dinero a sus seres queridos. Para controlar la crisis migratoria, el presidente Santos ordenó suspender la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que opera desde mayo de 2017, por lo que ahora los venezolanos que desean ingresar al territorio nacional deben presentar el pasaporte vigente. Además, la seguridad en la frontera fue reforzada con 3.000 militares y policías, y fue creado el Grupo Especial Migratorio (GEM), que cuenta con funcionarios de Migración Colombia, Policía, Icbf y Dian.
Pero no es suficiente. Los departamentos cercanos a la frontera son los más afectados por un problema que ha desbordado a los gobiernos locales y que requiere de verdaderas políticas de Estado. Solo con estas será posible que el fenómeno migratorio no se salga de control y provoque consecuencias indeseables.
La problemática no es nueva, pero desde mediados de 2017 ha desbordado los planes de contingencia de los mandatarios locales, en áreas como salud, espacio público y seguridad.