Un Conpes amarrado
El pasado 7 de febrero, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento Conpes No. 3917, en el cual se establecieron unas áreas rurales de referencia para implementar las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres).
Para ponerlos en contexto, las Zidres fueron creadas por la Ley 1776 de 2016 con el objeto de “fomentar” grandes proyectos productivos agrícolas, pecuario, forestal y piscícola en las zonas rurales más apartadas del país con “limitaciones considerables”. Es decir, corredores geográficos que carecen de infraestructura vial, servicios públicos, baja densidad poblacional, un alto índice de pobreza y la exigencia de una alta inversión en adaptación de suelos, infraestructura industrial y maquinaria agrícola. Según la Upra, en Colombia existen alrededor de 7,2 millones de hectáreas en estas condiciones lamentables.
Los predios que se encuentran en esas zonas son baldíos del Estado, de familias campesinas que no tienen los recursos ni las capacidades para explotarlos, comunidades indígenas y empresarios que se creyeron Simón Bolívar con Toyota. Algunos tuvieron que vender parte de sus propiedades para poder subsistir, otros las arrendaron, muchos abandonaron sus inversiones y los que se quedaron haciendo patria, con la esperanza de que el gobierno les iba a construir las vías, están viviendo un verdadero calvario. De Puerto Gaitán a La Primavera, en el Vichada, por ejemplo, un camión puede tardar 8 horas en el verano y varios días en el invierno para recorrer 252 kilómetros de trocha, con peaje incluido de los indígenas. En esas condiciones no puede haber negocio rentable.
Para los empresarios y pequeños productores de los municipios La Primavera y Santa Rosalía, en el Vichada, la única esperanza que les queda de reactivar sus negocios y la economía de su región son las Zidres. Este instrumento de fomento productivo permite que el Estado arriende o concesione grandes extensiones de tierras a empresarios que deseen desarrollar un proyecto productivo con medianos y pequeños productores bajo un esquema asociativo. Este les garantiza acceso a líneas especiales de crédito, respaldo del 100% de los créditos por parte del Estado y estímulos económicos para la formación y capacitación de los productores. Además, les admite a las personas que están ocupando un predio baldío, vincularse a un proyecto productivo y asociativo bajo un contrato con el Estado, permitiéndoles el uso y goce de los predios que ocupan.
Otros que están haciendo cola son los empresarios y productores de las zonas rurales de Riosucio, en el Urabá chocoano, y Tibú, en el Catatumbo. Ojalá el Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura aprueben prontamente las primeras Zidres en estas zonas apartadas del país. El eterno problema de los Conpes es la falta de seguimiento y de dientes para hacer cumplir lo acordado.
Ojalá el procurador Fernando Carrillo le meta la lupa a este proceso. Ya hay graves rumores de que el minAgricultura quiere presentar ante el Consejo de Ministros la aprobación de la primera Zidre en una zona rural de la altillanura, donde el pavimento y la energía llegan hasta los potreros de las fincas de los futuros beneficiados.