Reclusión lejos de lo urbano

Con inusitada frecuencia vemos, leemos y escuchamos sobre la ocurrencia de delitos contra el Tesoro Público, mujeres y niños. El país está asombrado, no hay sector de la sociedad y nivel de gobierno en donde no ocurra algo que atente contra los recursos oficiales, la dignidad y libertad sexual de seres humanos indefensos en el campo y poblados. Se censura el reclutamiento de menores en las filas de grupos alzados en armas y pandillas criminales. Se conmueve la sociedad con las noticias de crímenes de la cónyuge en hogares y la violación de menores por parte de familiares y allegados. Basta ya de tanto crimen, debemos exigirle a las autoridades judiciales que la nación requiere medidas drásticas de sanciones para inhibir de esta conducta a criminales que en su inmensa mayoría solo reciben poco tiempo de reclusión en sus domicilios.

Colombia en la Orinoquia y Amazonia tiene más de 600.000 kilómetros de tierras marginadas inexplicablemente del desarrollo de otras regiones del país. Es una falacia que cárceles de alta seguridad como en Bogotá, Valledupar, Tunja y Cali, puedan cumplir el propósito de regenerar a las personas privadas de la libertad. No, lo que hay en este momento en Colombia es un estado general de indiferencia con la seguridad del ciudadano por parte de las autoridades judiciales, estos centros de reclusión se volvieron escuelas de crimen.

Muchos colombianos nos preguntamos porqué el Gobierno nacional no construye colonias agrícolas como en una época existieron en Araracuara y en la Isla de Gorgona en el Océano Pacífico. Las que se hagan en tierra firme podrían convertir la región en polos de desarrollo nacional y un gran instrumento para hacer de la paz el estado general de la nación. El Inpec, haciendo uso de la cibernética, eliminaría visitas de jueces y familiares de los reclusos. Así el estado de cosas, como la complicidad externa para fraguar delitos desde los centros de reclusión tendrían un control real. Osvaldo Caraballo Díaz.

C. C. 130.041 de Bogotá.