Garantizar el servicio
El reto consiste en separar la prestación del servicio, que muestra indicadores positivos, de los líos judiciales de un grupo de particulares que deberán responder a la justicia.
Las autoridades deben estar atentas a que el escándalo por el que atraviesa la Triple A, debido a los presuntos actos de corrupción de algunos de sus directivos y exdirectivos, no termine por afectar los índices de calidad de la empresa.
Lagarantía de que el servicio que presta la empresa Triple A en el Distrito de Barranquilla y en 14 municipios del Atlántico no mermará su calidad por el proceso contra directivos y exdirectivos involucrados en presuntos actos de corrupción, es lo primero que deben entregar las autoridades a la ciudadanía en medio del escándalo que sacude a la compañía.
La comunidad, que durante décadas padeció el mal manejo de las Empresas Públicas Municipales, no puede ahora pagar los platos rotos por el comportamiento delictivo de algunos altos cargos de la Triple A y su socia Inassa. Mucho menos cuando es por todos aceptado que las condiciones del servicio han mejorado ostensiblemente y hoy Barranquilla, por citar un ejemplo, es una de las ciudades con mejor calidad del agua en el país, según estudios del Instituto Nacional de Salud.
A raíz de la captura del ex gerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira, a quien la Fiscalía señala de apropiarse de $27.879 millones entre 2012 y 2015 en operaciones ilícitas junto con otros directivos y exdirectivos, y del llamamiento a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría a Navarro, a la también exgerente Julia Serrano Monsalvo y al actual gerente Ramón Hemer Redondo, la empresa emitió un comunicado en el que afirma que la calidad del servicio de agua, aseo y alcantarillado está “garantizada”, al tiempo que manifiesta su intención de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de esta turbia situación.
El reto consiste en separar la prestación del servicio, que hasta ahora muestra indicadores positivos, de los líos judiciales de un grupo de particulares que deberán responder a la justicia. “Creo que lo uno no tiene injerencia en lo otro, ojalá tengamos la gran habilidad de dividir”, fue tajante el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa.
En cuanto a la investigación, que comenzó en España como resultado del desvío de dineros en la estatal de aguas públicas Canal de Isabel II, dueña de Inassa, socia mayoritaria de Triple A, las autoridades de ambos países han compartido información para esclarecer este entramado de corrupción al más alto nivel. Consecuencia de esto son los avances de las últimas semanas, siendo el más importante de ellos la captura de Navarro Pereira, quien aceptó los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, que le imputó el fiscal del caso.
Fiscalía y Procuraduría tienen la lupa sobre un contrato de asistencia técnica firmado el 4 de septiembre de 2000 entre Inassa y Triple A, del que no existirían reportes de ejecución, pero por el que la empresa de servicios habría pagado $237.000 millones durante 17 años, dinero que habría sido desviado con el interés de beneficiar a terceros.