Puigdemont no llega a Waterloo
Últimamente, el interés en Europa por el conflicto de Cataluña había caído considerablemente desde aquellos días turbulentos del pasado octubre que desembocaron en la declaración de independencia y la intervención por parte del Estado central. Pero la detención el domin- go del destituido presidente catalán Carles Puigdemont en el norte de Alemania, cuando viajaba en coche de Finlandia a su residencia de Waterloo en el autoimpuesto exilio belga, ha vuelto a colocar las tensiones separatistas en España en la agenda internacional. Es precisamente lo que buscan los independentistas: la internacionalización del conflicto. En los próximos días o semanas, un tribunal alemán debe decidir si cede a la petición de extradición del líder separatista a España. Para ello, es clave que los delitos de los que se acusa a Puigdemont en España también lo sean en la legislación alemana. Y es en este punto donde la acusación por “rebelión”, que conlleva una pena de cárcel de hasta 30 años, está en el punto de mira de todo el mundo.
Para el delito de “rebelión” es imprescindible el uso de la violencia. El juez que lleva el caso en el Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, cree que hay indicios suficientes de que existió y ha ordenado prisión preventiva para todos los máximos dirigentes del proceso independentista, salvo aquellos que huyeron al extranjero como Puigdemont. El juez hace un para- lelismo con el fallido golpe de Estado de 1983 cuando un grupo de Guardia Civiles entró en el parlamento disparando al techo y manteniendo a los diputados como rehenes durante horas. Es absurdo. Lo más cercano a un episodio violento durante el proceso independentista fue una manifestación en octubre, cuando la muchedumbre cercó un ministerio catalán donde la Policía llevaba a cabo una redada por orden del juez para intentar impedir la salida de los agentes, además de destrozar alguno de sus coches. Meter a los dirigentes separatistas en prisión por este motivo es un exceso en un Estado de derecho, no solo para mí.
Dicho esto, me molesta mucho el victimismo oportunista de los independentistas catalanes que han convertido la protesta contra los “presos políticos” en la principal insignia de su causa. Quizá no deberían estar en prisión, pero no se les persigue simplemente por sus ideas, como alegan. Tienen que contestar ante la Justicia por su actuación durante el llamado “procés” independentista. Porque Puigdemont y los demás engañaron a los catalanes con sentimientos separa- tistas –casi la mitad de la sociedad pero no más– con la falsa perspectiva de llevarles a una república catalana a través de un referéndum ilegal y saltándose las leyes. Todo cayó como un castillo de naipes y los dirigentes mismos admitieron que no estaban preparados en absoluto para una Cataluña independiente.
Se han cometido graves errores en ambos lados del conflicto. El resultado es una sociedad catalana más dividida que nunca. Hagan lo que hagan los jueces alemanes, esto no va a mejorar a mediano plazo.